El número de caballos incautados a sus propietarios por no cuidarlos se ha duplicado en los últimos años. Hasta el año 2020 se incautaban una docena, en promedio, y a partir de 2021 la cifra ha aumentado a los actuales 25. La directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, explica que se trata de "casos extremos" que antes de llegar a la incautación se intentan redirigir: "Hay muchas alternativas, pero lo que no se puede permitir es que lleguen a ciertos estados de desnutrición". Ahora, Acció Climàtica ha puesto en marcha un centro de recuperación de caballos, ubicado en el municipio de Canet de Mar, en el Maresme, para trasladar a estos animales y estructurar un mejor circuito de acogida. Hasta ahora, estos procedimientos se resolvían de manera individualizada según cada caso.
"Uno de los problemas que teníamos era dónde llevarlos", explica Guillaumes, quien asegura que con la centralización del servicio se gana en eficiencia. El objetivo a futuro, dice, es encontrar un nuevo hogar para estos caballos después de una estancia de seis meses en el nuevo centro de recuperación, ubicado en el entorno metropolitano.
El centro se encarga de proporcionar el transporte, custodia, alimentación y asistencia veterinaria durante este período y, a partir de entonces, se buscarán personas que los adopten. Son caballos que llegan en una situación en la que "su vida está en peligro", explica Rosa Llistart, responsable del centro.
El nuevo centro ofrecerá este servicio durante los próximos dos años con un presupuesto de casi 100,000 euros anuales, lo que permitirá atender a unos treinta caballos, que es la previsión con la que trabaja el Departamento para el año 2024, de acuerdo con la tendencia al alza de este tipo de situaciones.
En los últimos seis años (2018-2023) se han incautado un total de 87 caballos y, en la mayoría de los casos, se trata de propietarios que no pueden alimentar a los animales de manera adecuada. La media anual en los primeros años era de una docena de ejemplares anuales, mientras que actualmente está alrededor de los 25.
En las inspecciones que realiza el Departamento se encuentran, mayoritariamente, caballos malnutridos o enfermos, que no reciben la atención veterinaria necesaria. Antes de llegar a la incautación, la Generalitat intenta que los propietarios puedan corregir la situación o bien poner los caballos a disposición de entidades de protección animal u otros particulares que puedan cuidar de ellos.
Agotada la vía negociadora, es cuando se interviene y se les quita el animal para garantizarles una nueva vida digna. "En algunos casos influyen factores sociales", señala Guillaumes. Las sanciones a las personas que tienen los caballos en este estado, según la ley de bienestar animal, van desde los 600 hasta más de 6,000 euros, según la gravedad de cada caso.[banner-AMP_5]