El alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, será juzgado por un caso de 'mobbing' a un funcionario, según ha podido saber el ACN. Un juez de Mataró ve indicios de delito de coacciones, amenazas y contra la integridad moral del director municipal de Urbanismo, Hugo Roldan. El julio del 2007, con la llegada de Graupera a la alcaldía, Roldan fue relevado de sus funciones y, según la acusación, lo humilló " y maltratar psicológicamente" con el objetivo que acabara marchando del Ayuntamiento. Graupera, pero, lo atribuye a "cambios organizativos". Fiscalía pide un año de prisión para el alcalde, mientras que la acusación particular eleva la pena a cinco años de prisión y cuatro más de inhabilitación.
El pasado 12 de junio, el juez de Mataró que trae el caso declaró abierto el juicio oral contra Graupera. Además, impone al alcalde una fianza de 8.000 euros para garantizar el pago de las costas de responsabilidad civil en caso de que se lo declare culpable. También se cita el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres como responsable civil subsidiario.
Por su parte, Fiscalía pide un año de prisión para el alcalde y 6.000 euros de indemnización por un delito contra la integridad moral. El escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular añade un delito de coacciones y otro de amenazas. En total, cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, además de 53.000 euros de indemnización. La defensa niega los hechos y espera que se archive el caso.
El pasado 12 de junio, el juez de Mataró que trae el caso declaró abierto el juicio oral contra Graupera. Además, impone al alcalde una fianza de 8.000 euros para garantizar el pago de las costas de responsabilidad civil en caso de que se lo declare culpable. También se cita el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres como responsable civil subsidiario.
Por su parte, Fiscalía pide un año de prisión para el alcalde y 6.000 euros de indemnización por un delito contra la integridad moral. El escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular añade un delito de coacciones y otro de amenazas. En total, cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, además de 53.000 euros de indemnización. La defensa niega los hechos y espera que se archive el caso.