El Congreso de los Diputados dio este jueves un paso decisivo para endurecer las penas contra la multirreincidencia, una reivindicación sostenida por ciudades como Mataró, que hace años alertan de que una parte significativa de los hurtos y robos los comete un grupo reducido de delincuentes que acumulan decenas de detenciones sin llegar a entrar en prisión.
La proposición de ley impulsada por Junts para incorporar un agravante que castigue más duramente la reiteración delictiva ha avanzado después de que PSOE y PP votaran mutuamente seis enmiendas que ambos habían pactado previamente con la formación de Míriam Nogueras. Cuatro de estas transacciones fueron acordadas entre socialistas y Junts y dos más entre populares y posconvergentes. Según fuentes parlamentarias, el dictamen se elevará a comisión la semana que viene y quedará listo para aprobarse en el pleno previsiblemente en el mes de febrero. El PNV ha mostrado predisposición a sumarse, mientras que EH Bildu y Podemos se han opuesto.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el Congreso. Foto: ACN
Un cambio de posición en el Congreso tras meses de bloqueo
El acercamiento entre socialistas, populares y Junts se ha producido después de que, a raíz de la crisis entre Sánchez y la formación de Puigdemont a finales de octubre, el presidente español se comprometiera públicamente a desencallar la iniciativa. La proposición llevaba un año parada porque PSOE y Sumar habían prorrogado en catorce ocasiones el periodo de enmiendas. Antes de la ruptura, Junts había pedido reiteradamente que se descongelara tanto esta reforma como las iniciativas para combatir las ocupaciones.
Sánchez ya avanzó en el debate de control que el gobierno español se toma “muy en serio la seguridad” y que entre 2018 y 2025 ha incrementado un 30% la inversión en esta materia.
Qué cambiará del Código Penal
La reforma plantea que el hurto inferior a 400 euros —que hasta ahora no comportaba penas de prisión— pueda castigarse con entre 1 y 3 años si el ladrón ha sido condenado al menos tres veces por delitos similares. También incorpora una modificación del sistema de registros judiciales para que conste no solo el antecedente, sino el importe de los hurtos, un elemento clave que hasta ahora hacía poco operativa la reforma de 2022.
Además, se endurecen las penas para el robo de dispositivos tecnológicos (móviles, ordenadores), se duplica de 35 a 70 la cifra de jueces de adscripción territorial en Cataluña y se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan intervenir en procesos penales por delitos leves, con el objetivo de agilizar respuestas.
Los acuerdos de última hora también incluyen la posibilidad de que los jueces impongan, de manera cautelar, la prohibición de acceder a zonas concretas para evitar nuevas infracciones, así como penas de 1 a 5 años de prisión por la tenencia o suministro temerario de combustibles. También se prevé actuar con más firmeza en delitos cometidos a través de internet, permitiendo el bloqueo o retirada de contenidos ilícitos.
Un agente de la Policía Local de Mataró
Una demanda insistida por Mataró
Mataró hace años que reclama una reforma legal para frenar la multirreincidencia, que se concentra sobre todo en hurtos, robos con fuerza y robos en el interior de vehículos. Fuentes municipales reiteran que el problema no es tanto el volumen de delitos como el reducido número de autores que actúan repetidamente sin que las detenciones tengan consecuencias penales reales.
El Ayuntamiento destaca el trabajo conjunto de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra —incluidas las patrullas de paisano Guilla—, la Fiscalía y los juzgados, pero insiste en que el marco legal actual limita la efectividad policial. Un mismo delincuente puede acumular “decenas de detenciones” sin entrar en prisión porque hasta que no hay sentencia firme no computa la multirreincidencia, un proceso que puede tardar “hasta dos años”. “Durante este tiempo pueden haber cometido 50 delitos más”, recuerdan. La prisión preventiva casi nunca se aplica en estos casos porque se consideran delitos leves.
Por ello, el gobierno municipal ve “con buenos ojos” que el Estado avance finalmente hacia un endurecimiento penal que permita frenar las trayectorias delictivas habituales y reforzar la seguridad en la calle.