Hace algunos años al ámbito de las ciencias sociales se va hablante del modelo ideal del "buen gobierno" donde aparecen algunos conceptos como el de la governança entendido como un proceso; como una nueva forma de toma de decisiones que rehuye de las estructuras verticales, de la ineficacia de las jerarquías y de los sistemas sólidos y alejados de la sociedad civil organizada. Durante estos periodos se ha hecho referencia a la existencia de nuevos modelos de organización política más modernos y democráticos que tienen en cuenta a los diferentes actores, a los agentes, a las entidades... y que apuestan por una responsabilidad compartida, o cuando menos, para tenerlos en cuenta. Esta apuesta denota -entre otros- una madurez y una cohesión interna a nivel político y cultural de un territorio determinado.
Hay que decir pero, que también se ha puesto en evidencia que a pesar de compartir la prisa de decisiones, la última siempre era de los gobiernos que aparentemente rehuían de los modelos de governalitat del pasado. También se ha puesto de relevo que las estructuras internas de los agentes económicos, sociales y entidades supranacionales no tenían porque ser transparentes ni democráticas, y que también respondían a sus propios modelos, intereses e intenciones, ya fueran manifiestos o no. Otra característica también ha sido que ha habido grandes diferencias territoriales y culturales a la hora de iniciar este camino hacia el buen gobierno y que tenían que ver con la realidad política, social y económica del país, a los que se añadían los ritmos cambiantes y acelerados de una sociedad en transformación constante.
A nivel español un buen ejemplo del nuevo sistema de relación entre los detentadors, administrados y sociedad civil organizada fue el adelanto en el papel protagonista facilidad a agentes sociales, económicos y el mundo asociativo tanto en la construcción del Estado del Bienestar; cómo en el desarrollo de determinadas políticas públicas atendido las representaciones locales y sectorialitzades, y la capacidad de influencia de todos juntos a la hora de llegar a acuerdos o en la implantación de estos.
Durante la época de la segunda legislatura del Partido Popular estos agentes y entidades emplearon un papel contra-gobierno puesto que estas praxis estaban siendo abandonadas a marchas forzadas. Reivindicaron que se avanzaba hacia un divorcio entre gobierno y sociedad civil que se va en la tensión social y política, y que culminó con una huelga general y con varias movilizaciones.
A partir del año 2004, con la entrada en Gobierno del PSOE, se centraron esfuerzos para ofrecer un rol diferente al del anterior gobierno: un gobierno dialogante, que escuchaba, que primava la entente y que mostraba las herramientas para llegar a acuerdos con todas las iniciativas públicas y privadas vía un talante para desarrollar un modelo económico y social.
Esta dinámica se ha visto interrumpida de manera drástica en la segunda legislatura y evidenciadas a través de las decisiones relacionas con la gestión de la situación de crisis económica, de sus consecuencias, de la gestión del déficit presupuestario y la reforma laboral.
No se ha tenido en cuenta las recomendaciones ni indicaciones de los agentes sociales, ni de las entidades de la iniciativa social privada. Es más; se ha desacreditado el papel otorgado a los primeros anullant acuerdos anteriores como el de lo aumenta salarial de los empleados públicos pactado a principios de año, declarar en desuso acuerdos collectivos... Se ha roto el diálogo social para seguir las indicaciones y dictámenes de entidades supranacionales externas cómo ha sido la Comisión Europea, directrices de dirigentes otros países y organismos como Fondo Monetario Internacional y algunas entidades económicas. Se contradice pues el gobierno actual en su modelo inicial y que lo había asignado un buen reconocimiento y una buena forma de gestión política. Aparece ahora una situación de contribución al descrédito del gobierno (recordamos la frase de Gonzàlez a Rodríguez Zapatero: Gobernar se esto José Luís) y donde se evidencia la inoperancia de la centralidad de las decisiones, puesto que ahora se desconnexionen en última instancia hacia otras instituciones que se caracterizan para no apostar por la governança sino por las viejas formas rígidas de la gobernabilidad. Adiós buen gobierno.
Resta la pregunta para la reflexión sobre qué legitimación se le está dando a la joven democracia representativa si los cargos escogidos acaban siguiendo las directrices cautivas de los sistema financiero, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de algunos agentes económicos como la CEOE... y la pregunta de si la elección de los cargos de estas instituciones son democráticas.
Hay que decir pero, que también se ha puesto en evidencia que a pesar de compartir la prisa de decisiones, la última siempre era de los gobiernos que aparentemente rehuían de los modelos de governalitat del pasado. También se ha puesto de relevo que las estructuras internas de los agentes económicos, sociales y entidades supranacionales no tenían porque ser transparentes ni democráticas, y que también respondían a sus propios modelos, intereses e intenciones, ya fueran manifiestos o no. Otra característica también ha sido que ha habido grandes diferencias territoriales y culturales a la hora de iniciar este camino hacia el buen gobierno y que tenían que ver con la realidad política, social y económica del país, a los que se añadían los ritmos cambiantes y acelerados de una sociedad en transformación constante.
A nivel español un buen ejemplo del nuevo sistema de relación entre los detentadors, administrados y sociedad civil organizada fue el adelanto en el papel protagonista facilidad a agentes sociales, económicos y el mundo asociativo tanto en la construcción del Estado del Bienestar; cómo en el desarrollo de determinadas políticas públicas atendido las representaciones locales y sectorialitzades, y la capacidad de influencia de todos juntos a la hora de llegar a acuerdos o en la implantación de estos.
Durante la época de la segunda legislatura del Partido Popular estos agentes y entidades emplearon un papel contra-gobierno puesto que estas praxis estaban siendo abandonadas a marchas forzadas. Reivindicaron que se avanzaba hacia un divorcio entre gobierno y sociedad civil que se va en la tensión social y política, y que culminó con una huelga general y con varias movilizaciones.
A partir del año 2004, con la entrada en Gobierno del PSOE, se centraron esfuerzos para ofrecer un rol diferente al del anterior gobierno: un gobierno dialogante, que escuchaba, que primava la entente y que mostraba las herramientas para llegar a acuerdos con todas las iniciativas públicas y privadas vía un talante para desarrollar un modelo económico y social.
Esta dinámica se ha visto interrumpida de manera drástica en la segunda legislatura y evidenciadas a través de las decisiones relacionas con la gestión de la situación de crisis económica, de sus consecuencias, de la gestión del déficit presupuestario y la reforma laboral.
No se ha tenido en cuenta las recomendaciones ni indicaciones de los agentes sociales, ni de las entidades de la iniciativa social privada. Es más; se ha desacreditado el papel otorgado a los primeros anullant acuerdos anteriores como el de lo aumenta salarial de los empleados públicos pactado a principios de año, declarar en desuso acuerdos collectivos... Se ha roto el diálogo social para seguir las indicaciones y dictámenes de entidades supranacionales externas cómo ha sido la Comisión Europea, directrices de dirigentes otros países y organismos como Fondo Monetario Internacional y algunas entidades económicas. Se contradice pues el gobierno actual en su modelo inicial y que lo había asignado un buen reconocimiento y una buena forma de gestión política. Aparece ahora una situación de contribución al descrédito del gobierno (recordamos la frase de Gonzàlez a Rodríguez Zapatero: Gobernar se esto José Luís) y donde se evidencia la inoperancia de la centralidad de las decisiones, puesto que ahora se desconnexionen en última instancia hacia otras instituciones que se caracterizan para no apostar por la governança sino por las viejas formas rígidas de la gobernabilidad. Adiós buen gobierno.
Resta la pregunta para la reflexión sobre qué legitimación se le está dando a la joven democracia representativa si los cargos escogidos acaban siguiendo las directrices cautivas de los sistema financiero, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de algunos agentes económicos como la CEOE... y la pregunta de si la elección de los cargos de estas instituciones son democráticas.