El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha desestimado los recursos interpuestos por varios afectados contra el archivo del caso de las clínicas dentales Funnydent, un caso que afectó decenas de mataronins clientes del establecimiento que la empresa tenía en la capital del Maresme. El juez entiende que no existió ningún delito de estafa por parte del único administrador de los negocios, Cristòbal López.
El caso supuso el cierre de una decena de clínicas en Madrid, Sabadell y Mataró.
En un auto al cual ha tenido acceso el ACN, la jueza responsable del caso confirma la sentencia del 22 de febrero y rechaza las peticiones de varias partes personadas en el conflicto de continuar la causa penal. La magistrada considera que de las diligencias practicadas se desprende que existió una "pésima gestión empresarial" por parte del investigado , pero no ve "indicios de delito penal". Ahora los afectados pueden presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Este caso implicó la presentación de 2.481 denuncias por parte de perjudicados, que declararon un perjuicio económico cercano a las diez millones de euros. Así mismo supuso el cierre de una decena de clínicas en Madrid, Sabadell y Mataró.
Ninguna estafa planificada
La justicia entiende que López no diseñó el negocio para estafar ni cobró anticipadamente el dinero de los tratamientos de miles de pacientes por lucrar-se y huir, sino que gastó mal los beneficios, no supo gestionar el negocio y finalmente él también se arruinó. "La gestión personalista del negocio, los acuerdos con financieras y el descontrol sobre el volumen de gastos ha provocado una situación enormemente perjudicial para todos los afectados, pero también por el investigado, el patrimonio se encontraba vinculado a su grupo empresarial", indica el auto.
El juzgado considera que la resolución de archivo es "ajustada a derecho" porque "no hay indicios de delito penal".
En este sentido el juzgado considera que la resolución de archivo es "ajustada a derecho" porque "no hay indicios de delito penal". En esta línea apunta que de los informes policiales y de la Tesorería General de la Seguridad Social se "desprende la existencia de una pésima gestión empresarial por parte del investigado". A la vez destaca que a pesar de que se realizó una investigación, el incumplimiento por parte del administrador del negocio de las obligaciones con la Hacienda Tributaria y con el Registro Mercantil impide determinar si existió una voluntad personal de lucrar-se o enriquecerse.
2.481 denuncias
El caso Funnydent implicó la presentación de 2.481 denuncias por parte de perjudicados, que declararon un perjuicio económico cercano a las diez millones de euros. Esta crisis supuso el cierre de las nueve clínicas de esta marca en Madrid, Sabadell y Mataró el 29 de enero de 2016. Resultaron afectados unos 3.000 pacientes y una cincuentena de empleados.