La sanción de 10.001 euros impuesta por la Generalitat a una inmobiliaria de Mataró por “racismo inmobiliario” no es solo una multa: es un precedente histórico y, sobre todo, el resultado de la perseverancia de un vecino que se negó a normalizar la discriminación en el acceso a la vivienda. El caso de Hamid, vecino de la capital del Maresme y originario de Marruecos, ha abierto una grieta en un sistema que a menudo ha dejado impunes prácticas discriminatorias en el mercado del alquiler. La Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación, dependiente del Departamento de Igualdad y Feminismos, ha resuelto que una agencia inmobiliaria de Mataró cometió una “infracción grave” por discriminar a Hamid por razón de origen, vulnerando la Ley 19/2020 de igualdad de trato. La resolución reconoce, además, la existencia de daños y perjuicios, incluido el daño moral, y deja abierta la vía para reclamar una indemnización por la vía judicial.
Pero detrás de este dictamen hay una historia de dos años de puertas cerradas, pruebas, frustración y una batalla administrativa que ha pasado por el Ayuntamiento, Vivienda, Consumo y finalmente la Oficina de No-Discriminación. “Las administraciones son un laberinto”, lamenta Hamid, que vio cómo algunos expedientes acababan caducando mientras las instituciones “se pasaban la patata de unas a otras”.
La prueba que lo destapó todo
Él está dispuesto a pagar hasta 1.500 euros de alquiler
Hamid empezó a buscar un piso más grande en 2022. Tiene tres hijos y necesitaba una habitación extra, pero rápidamente se topó con un patrón que le hizo sospechar. Se apuntaba a portales inmobiliarios y nadie lo llamaba. Cuando insistía, las respuestas eran evasivas: “no tenemos la llave”, “quizá lo quiere la hermana del propietario”, “el piso no está disponible”. El punto de inflexión llegó cuando pidió a un amigo, Jordi, que hiciera exactamente la misma solicitud. A él sí que lo llamaron enseguida: “Oye, Jordi, ¿quieres ver el piso esta tarde?”. A Hamid, en cambio, le seguían poniendo trabas. Esto lo llevó a hacer un testeo de discriminación, una práctica clave en este tipo de casos. “A mí me decían A y al otro le decían B”, explica. La conclusión fue clara: había un trato favorable al nacional. “El nombre es lo que te marca. Cuando ven un nombre que no es ni Jordi, ni Javier, ni Juan… ya te descartan por defecto”.
A pesar de tener nómina estable y capacidad económica —incluso para pagar alquileres de 1.500 euros—, Hamid vio cómo pisos que podía asumir se le negaban, para después rebajar el precio cuando no encontraban inquilino. “Por el nombre no quieren. Es triste”, dice.
Dos años de travesía administrativa
Hamid presentó 13 denuncias con el apoyo del Observatorio DESCA. El Ayuntamiento de Mataró admitió el caso, pero al cabo de dos años le dijo que no tenía medios para abordarlo. Después pasó a Vivienda, luego a Consumo y finalmente a la Oficina de No-Discriminación. Muchos expedientes prescribieron por el camino. “Al Ayuntamiento de Mataró le queda muy grande el tema”, critica. El desgaste emocional ha sido profundo: “Tristeza, ansiedad, de todo. Después de 27 años aquí, sufres cosas que nadie debería sufrir”.
Aun así, Hamid no se ha rendido. “Never give up —nunca rendirse. Si veo que es algo incorrecto, lucharé para que cambie”. Es consciente de que la mayoría de víctimas no tienen tiempo ni fuerzas para hacer este camino: trabajan, tienen familias y asumen que denunciar “es echar agua a la arena”. Según Hamid, el problema no es solo la falta de vivienda, sino el “plus” de discriminación por origen. “Desde 2022 no he podido alquilar ni un solo piso”. Mucha gente, ante esta situación, acaba recurriendo a redes informales o incluso a la ocupación por necesidad.
Él pone el foco en las inmobiliarias: “Cuando un propietario dice ‘no me traigas gente de fuera’, la agencia debería decir: aquí se alquila a todo el mundo; lo importante es que pague”. Por eso considera clave la multa: “Si la administración sanciona, las inmobiliarias se lo pensarán dos veces”. También denuncia prejuicios arraigados: el mito de que las familias inmigrantes “meterán 40 personas en el piso”. “Yo tengo mujer y tres hijos; nadie quiere vivir hacinado. Dignidad ante todo”.
Un precedente que puede cambiarlo todo
Hamid celebra la sanción, pero con matices: “Estoy contento y no estoy contento. Esto no debería ser así”. Contento porque crea jurisprudencia y puede animar a más personas a denunciar; decepcionado porque ha habido que “hacer malabares y equilibrios” durante años. El Observatorio DESCA considera que este caso debe marcar un punto de inflexión y reclama sanciones más duras —hasta el máximo legal de 40.000 euros— ante “el auge y normalización” del racismo inmobiliario. Él confía en que su caso inspire a otras víctimas: “Cuando ves una injusticia, tienes que luchar para que deje de existir”. Y pone un ejemplo contundente: si un hijo de aquí se fuera a Alemania y le dijeran “no queremos españoles”, nadie lo aceptaría. “Pues tú no debes hacer lo mismo aquí”.
Con al menos cinco casos más en curso vinculados a Hamid, Mataró se ha convertido en un epicentro de este debate. La multa no resuelve todos los problemas del mercado de la vivienda, pero sí envía un mensaje claro: discriminar por origen es ilegal y tendrá consecuencias. Para Hamid, lo mínimo sería que las inmobiliarias pidieran disculpas y repararan el daño, pero sobre todo quiere un sistema “más rápido y efectivo”. Mientras tanto, su caso ya forma parte de la historia: el primero en conseguir una sanción por racismo inmobiliario en Catalunya y un toque de alerta para que nadie pueda decir que “esto aquí no pasa”.
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