Los directores de la Escuela Municipal de Música, Ignasi Gómez, y del centro de formación de las Tres Rocas, Joan Chaves, han recurrido a la administración de justicia para reclamar por sus respectivos despidos. Consideran que el gobierno municipal de CiU ha actuado de forma "discriminatoria" y movido por razones políticas, puesto que es muy conocida la vinculación personal tanto de Gómez cómo de Chaves a ICV-Euia. Según explica el Col•lectivo Ronda en un comunicado, se podrían considerar despidos improcedentes, puesto que consideran que no hay ninguna otras justificación que "la voluntad de represaliar trabajadores con los cuales el nuevo gobierno municipal mantiene discrepancias de carácter estrictamente político e ideológico".
Por otro lado, el colectivo Ronda también denuncia que el gobierno argumenta los despidos explicado que se trata de finalizaciones de contrato puesto que los dos despedidos trabajaban con contratos de obra y servicio. "Pero no es aceptable considerar temporales o vinculados a la realización de una tarea singular y acotada en el tiempo los trabajos de director de la Escuela Municipal de Música o la Coordinación de las Tres Rocas", aseguran. Por el bufete de abogados, estos despidos responden a la voluntad del gobierno de pagar sólo las indemnizaciones mínimas. En este sentido, apuntan también a la "guapa de argumentación sólida y razonable" por parte del Ayuntamiento de las circunstancias que justifican la medida adoptada y el hecho que las extinciones de contrato no suponen ningún alivio para las finanzas del municipio.
Por otro lado, el colectivo Ronda también denuncia que el gobierno argumenta los despidos explicado que se trata de finalizaciones de contrato puesto que los dos despedidos trabajaban con contratos de obra y servicio. "Pero no es aceptable considerar temporales o vinculados a la realización de una tarea singular y acotada en el tiempo los trabajos de director de la Escuela Municipal de Música o la Coordinación de las Tres Rocas", aseguran. Por el bufete de abogados, estos despidos responden a la voluntad del gobierno de pagar sólo las indemnizaciones mínimas. En este sentido, apuntan también a la "guapa de argumentación sólida y razonable" por parte del Ayuntamiento de las circunstancias que justifican la medida adoptada y el hecho que las extinciones de contrato no suponen ningún alivio para las finanzas del municipio.