El último Pleno municipal puso de manifiesto la clara confrontación que genera entre los grupos municipales el debate sobre el macroprostíbul. Una discusión larga y pesada que dejó claro que el gobierno municipal no encuentra ninguna solución realmente eficaz para frenar la llegada de estos establecimientos a la ciudad. CiU, el principal grupo de la oposición, sigue insistiendo en que la licencia concedida a esta actividad está mal tramitada y que, por lo tanto, se puede anullar, cosa que solucionaría el problema. El tripartito no lo ve así puesto que entiende que esta medida tan sólo aplazaría el proceso, y sigue reclamando que la Generalitat modifique una normativa que, en este ámbito, deja indefensos los ayuntamientos. El PP, mientras tanto, se ha salido por la tangente con la propuesta de expropiar el solar donde se tiene que installar el macroprostíbul, operación un pelo descabellada por los costes económicos que comportaría y que beneficiaría directamente su promotor. A pesar de los desacuerdos y la virulencia del debate, queda claro que todos los grupos municipales muestran unanimidad en el rechazo al burdel. Ningún representante político el vuelo en la ciudad, pero entonces cuesta de entender cómo son incapaces de llegar a un acuerdo para poder frenar la llegada entre todos de una manera consensuada. A no ser que este tema se esté usando como caballo de batalla político, fruto del clima preelectoral en que se encuentra inmerso la ciudad y que se ha ido calentando en las últimas semanas, como se ha visto en los debates sobre Can Fàbregas o la polémica sobre el modelo de seguridad ciudadana y las quejas de la Policía Local. Se acerca una época de citas electorales, las posturas se endurecen y los partidos empiezan a buscar claramente réditos políticos. Pero en el caso de los macroprostíbuls, si el objetivo final es compartido por todos los grupos, el que toca es no mirar el calendario y hacer frente común.
