En pleno debate sobre el Pacto nacional para la educación me parece bastante lógico que haya quien se pregunte si realmente es tan importante plantear un acuerdo de esta envergadura para los temas educativos a nuestro país. Veo tres grandes argumentos para pensar que sí.
A nivel de estado, estamos a las puertas (todo apunta que será mañana, 30 de marzo) de la presentación de las líneas básicas que guiarán la nueva ley de educación estatal, que determinará cosas tan importantes como la evaluación, la promoción y la obtención de los títulos por parte de los estudiantes, las condiciones porque los centros privados puedan disfrutar del concierto económico, el tratamiento de la asignatura de religión y la obligación o no de cursar una materia alternativa, entre otras. Muchos de estos temas se podrían concretar en Cataluña (en muchos casos, con una mejor perspectiva de acuerdo entre las diferentes partes implicadas), pero por las peculiaridades del estado de las autonomías, los acuerdos internacionales entre estados y el reparto de competencias actual, tenemos que esperar a ver qué deciden desde la capital del reino para saber como nos irán las cosas. Es evidente que hace falta un nuevo acuerdo sobre el reparto de competencias (y de los recursos correspondientes) educativas entre la administración estatal, las administraciones autonómicas y las administraciones locales (muchas de ellas preparadas para asumir más responsabilidades, pero quejosas con toda la razón porque el nivel de dotación de recursos que se los asigna es injustamente insuficiente). Este es, pues, un primer argumento que explica por qué es necesario el pacto.
Por otro lado, es impensable que un servicio educativo público que pretenda llegar a toda la población escolar (desde el primer año de vida para las familias que lo deseen) lo pueda hacer en Cataluña sin la aportación de la escuela concertada. No sólo por el volumen de alumnado que atiende sino por el bagaje educativo que arrastra. Que haya un gran acuerdo sobre las condiciones con las que la escuela concertada se sume a este servicio público me parece del todo necesario.
Y para acabar, falta un tercero gran acuerdo que implica los centros (con toda su comunidad educativa) y las administraciones. Vendría a ser el pacto de la mutua confianza. La conexión entre estudiantes y maestras; la alianza entre maestras y familias; la confianza mutua entre todos ellos que basa cualquier proyecto educativo que merezca este nombre; el crédito que unos y otros otorgan a la administración, a las administraciones educativas. La credulitat que las administraciones ( si hace falta, a través de sus servicios educativos) tienen que transmitir en los centros confiando en la valía de su proyecto, de su autonomía organizativa y en la eficacia de su gestión. Todo esto implica profesionalidad de los docentes, implicación de las familias, responsabilidad de los estudiantes y compromiso de las administraciones. Basado, todo, en una confianza mutua. Un clima y un estado de las cosas que hace mucho tiempos que no percibo en la educación a casa nuestra. No nos hace falta, también, un gran acuerdo sobre esto?
En mi opinión, el concepto mutua confianza resume la razón principal por el que es necesario este pacto. Es el único marco en el que serán posibles las mejoras que planteamos a nivel de administraciones, centros, profesionales, familias y estudiantes. Yo confío.
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