El Partido Popular de Mataró denunció ayer lunes, día 25, unas "irregularidades graves" en la concesión del servicio de restauración del TecnoCampus. El regidor José Luis Calzada explicó que la empresa Eurest contratada para dar este servicio firmó un contrato con el Ayuntamiento que contemplaba unas condiciones diferentes a las acordadas al pliegue de condiciones. Además, se firmó " el día antes del día de reflexión de las elecciones de 2011" y sin ningún informe de intervención y de secretaría, encargados de fiscalizar las actuaciones públicas: "un contrato privado entre Ayuntamiento y empresa". Entre las condiciones había una cláusula en la que "se acordaba que el Ayuntamiento indemnizaría a la compañía si plegaba antes de tiempo porque no le salían los números como concepto de no amortización de las inversiones". El 5 de enero de este 2013 Eurest anunció que rescindía el contrato y ahora el Ayuntamiento tendrá que pagar, explica el PP, 543.000 euros de amortizaciones no cubiertas. La inversión inicial de la empresa era de 639.000 euros.
A banda, el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de los seis trabajadores según el contrato firmado en su momento, hecho que da problemas a la hora de buscar nuevas empresas: "la gran mayoría no quieren el personal externo, por el que se los tendrá que indemnizar". El Ayuntamiento tendrá que abonar, también, unos 25.000 euros para mantener Eurest estos meses hasta el verano "cubriendo las pérdidas que tendrán" y los intereses del total de amortizaciones no cubiertas. "Casi 600.000 euros", remarca Jose Manuel López, que añade: "Tenemos un informe del secretario que afirma decir que la modificación de un contrato respeto el pliegue de condiciones sin ningún informe jurídico es grave". El PP también denuncia que el contrato tenía un anexo sobre compra de maquinaria firmado a 24 de mayo de 2011, cuatro días después de las elecciones.
López considera que es "una cuestión no menor" puesto que "costará 600.000 euros en la ciudad" y el informe del secretario confirma "que son graves irregularidades". El dirigente popular se pregunta porque se hicieron "condiciones especiales" que contradecían el pliegue de condiciones y "como puede ser que se firmara el día antes de las elecciones". Remarca que se tardó un año al hacer la licitación y que "casualmente" se cerró antes de las municipales. Por eso, el PP traerá el caso al pleno del Ayuntamiento y pedirá responsabilidades tanto a quién era la presidenta del TCM, Alícia Romero, como el alcalde anterior, Joan Antoni Baron. "Qué tienen que decir?" se preguntan, a pesar de que consideran que quien más tendría que responder es la actual diputada en el Parlamento de Cataluña, puesto que era la encargada de todos los temas referentes al TecnoCampus.
Medida de presión
López entiende que el hecho que todo esto haya salido a la luz ahora, en plena negociación de los presupuestos, podría ser "una medida de presión del gobierno" para conseguir apoyos del PSC. "Ya pasó el mismo con el edificio de la Ringlera ahora hace un año", recuerda el dirigente popular, asegurando que "no creemos en las casualidades".
A banda, el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de los seis trabajadores según el contrato firmado en su momento, hecho que da problemas a la hora de buscar nuevas empresas: "la gran mayoría no quieren el personal externo, por el que se los tendrá que indemnizar". El Ayuntamiento tendrá que abonar, también, unos 25.000 euros para mantener Eurest estos meses hasta el verano "cubriendo las pérdidas que tendrán" y los intereses del total de amortizaciones no cubiertas. "Casi 600.000 euros", remarca Jose Manuel López, que añade: "Tenemos un informe del secretario que afirma decir que la modificación de un contrato respeto el pliegue de condiciones sin ningún informe jurídico es grave". El PP también denuncia que el contrato tenía un anexo sobre compra de maquinaria firmado a 24 de mayo de 2011, cuatro días después de las elecciones.
López considera que es "una cuestión no menor" puesto que "costará 600.000 euros en la ciudad" y el informe del secretario confirma "que son graves irregularidades". El dirigente popular se pregunta porque se hicieron "condiciones especiales" que contradecían el pliegue de condiciones y "como puede ser que se firmara el día antes de las elecciones". Remarca que se tardó un año al hacer la licitación y que "casualmente" se cerró antes de las municipales. Por eso, el PP traerá el caso al pleno del Ayuntamiento y pedirá responsabilidades tanto a quién era la presidenta del TCM, Alícia Romero, como el alcalde anterior, Joan Antoni Baron. "Qué tienen que decir?" se preguntan, a pesar de que consideran que quien más tendría que responder es la actual diputada en el Parlamento de Cataluña, puesto que era la encargada de todos los temas referentes al TecnoCampus.
Medida de presión
López entiende que el hecho que todo esto haya salido a la luz ahora, en plena negociación de los presupuestos, podría ser "una medida de presión del gobierno" para conseguir apoyos del PSC. "Ya pasó el mismo con el edificio de la Ringlera ahora hace un año", recuerda el dirigente popular, asegurando que "no creemos en las casualidades".