El PSC reiteró el pasado martes, día 2, la legalidad del proceso de adjudicación del bar del TecnoCampus. Joan Antoni Baron y Alícia Romero, alcalde y presidenta del TCM respectivamente cuando se llevó a cabo el concurso por el servicio de restauración del parque tecnológico, salieron en defensa de las acusaciones del PP, que considera que hay irregularidades en el proceso de contratación y han traído el caso a la Oficina Antifrau de Cataluña. Baron reafirmó " la legalidad" en "todo el proceso, concurso y adjudicación a la empresa que cumplía los requisitos y pedía garantías". El ex-alcalde y ninguno del grupo municipal socialista remarcó que "los informes de los juristas del Ayuntamiento son concluyentes" y recordó que tanto el secretario como el interventor "no son funcionarios del Ayuntamiento, sino del Estado" y que están "para fiscalizar las acciones de la administración local".
Alícia Romero recordó que en la carta del secretario respondiendo a las denuncias del PP de hace algunos meses ya se decía que los populares "hacen citas equívocas y parciales" y descartaba que hubiera "ninguna responsabilidad civil". Romero añade que "en la rescisión del contrato no hay un aumento del coste" por el Ayuntamiento. Ambos socialistas se mostraron "muy tranquilos" (Baron recordó que el 62% de los casos que estudia la Oficina Antifrau acaban archivados) y lamentaron las "ganas de ensuciar el proyecto TecnoCampus" ahora que está dando "frutos positivos gracias a decisiones que se tomaron hace diez años". Por el PSC, y "tal como indica el secretario", las "clàuslues tienen sentido y complementan el pliegue de licitaciones".
La actual diputada en el parlamento de Cataluña explicó que cuando se decidió hacer el bar se tuvo que adjudicar a una empresa porque haz la inversión inicial puesto que el proyecto TecnoCampus se recortó en algunos puntos durante su construcción. Si esta empresa marchaba antes de amortizar la inversión hecha se le tenía que devolver la parte proporcional. "Ha pasado poco tiempo desde que entró la empresa y hacían falta quince años de amortización, de aquí que se tenga que devolver más de 500.000 euros no amortizados". Una inversión que "se queda al Tecnocampus" y que por lo tanto se tendrá que hacer cargo la nueva empresa que mediante un nuevo concurso coja las riendas del servicio de restauración.
Alícia Romero recordó que en la carta del secretario respondiendo a las denuncias del PP de hace algunos meses ya se decía que los populares "hacen citas equívocas y parciales" y descartaba que hubiera "ninguna responsabilidad civil". Romero añade que "en la rescisión del contrato no hay un aumento del coste" por el Ayuntamiento. Ambos socialistas se mostraron "muy tranquilos" (Baron recordó que el 62% de los casos que estudia la Oficina Antifrau acaban archivados) y lamentaron las "ganas de ensuciar el proyecto TecnoCampus" ahora que está dando "frutos positivos gracias a decisiones que se tomaron hace diez años". Por el PSC, y "tal como indica el secretario", las "clàuslues tienen sentido y complementan el pliegue de licitaciones".
La actual diputada en el parlamento de Cataluña explicó que cuando se decidió hacer el bar se tuvo que adjudicar a una empresa porque haz la inversión inicial puesto que el proyecto TecnoCampus se recortó en algunos puntos durante su construcción. Si esta empresa marchaba antes de amortizar la inversión hecha se le tenía que devolver la parte proporcional. "Ha pasado poco tiempo desde que entró la empresa y hacían falta quince años de amortización, de aquí que se tenga que devolver más de 500.000 euros no amortizados". Una inversión que "se queda al Tecnocampus" y que por lo tanto se tendrá que hacer cargo la nueva empresa que mediante un nuevo concurso coja las riendas del servicio de restauración.