Más de una vez he manifestado, al presentarnos el Ayuntamiento de Mataró el resumen del estado de la ciudad, que en este resumen carece una de los datos económicos importantes: la cuantía que ingresan los ciudadanos y ciudadanas que son pensionistas y jubilados.
En el Maresme, en 2009, 73.877 personas han percibido una pensión del Régimen General de la Seguridad Social. De este total, la pensión de 44.575 pensionistas es de una cuantía inferior al SMI, y 29.302 pensionistas han cobrado una pensión por encima del SMI. Justo es decir que el salario mínimo interprofesional, en 2009, era de 624 euros mensuales por catorce pagas. Pensiones, como se ve, insuficientes y manifiestamente mejorables.
Repentinamente este tema ha pasado a primer plan y conviene, sin agotar el tema, dejar tres o cuatro cosas muy claras para afrontar el debate que a buen seguro habrá, más muy dicho, que ya ha empezado.
Una primera evidencia: hay un progresivo envejecimiento de la población, que hará que se genere un número creciente de pensiones, y también, una cuantía mediana más elevada y durante más años, por el positivo incremento de la esperanza de vida. También hay otra certeza, que la edad de jubilación, de manera efectiva, se va atrasando. Hemos pasado de los 62'5 a 63'8 años en el conjunto del sistema, de forma que se acerca a la edad legal de acceso a la jubilación, los 65 años.
Hay que saber que la situación financiera del sistema es positiva. El año 2008 el excedente fue de 8.000 millones de euros, y el de 2009 ha superado esta cantidad. Además, la previsión de superávit para el año 2010 es de 2.700 millones de euros. Hay que añadir que el fondo de reserva de la Seguridad Social ya supera los 60.000 millones de euros, y llegará muy probablemente a los 62.000 millones.
Conviene recordar que CCOO es la única organización que ha firmado todos los acuerdos que se han hecho en el marco del diálogo social sobre esta materia. La responsabilidad y la coherencia que siempre hemos tenido nos da toda la autoridad para mostrar nuestra disconformidad en el atraso de la edad legal de jubilación que quiere el Gobierno del Estado. Es una medida innecesaria y desproporcionada, y además contradictoria con cualquier iniciativa de reducir las cotizaciones sociales, o, el que es el mismo, cualquier medida que debilite la estructura de ingresos del sistema, que también tendrá nuestra oposición.
En la línea de reforzar la estructura de los ingresos, hay que continuar con el proceso de separación de las fuentes: dejar de financiar con cotizaciones los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social; incrementar el salario mínimo interprofesional, puesto que sirve de base de cotización mínima; aumentar las bases mínimas de cotización, con una adecuación de la cuantía de la pensión máxima.
Hay que saber que desde el 2008 la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo está trabajando. Sabiendo esto, todavía se entienden menos las salidas de tono del Gobierno del Estado en estos temas. Y hay que recordar que antes de empezar el debate sobre la renovación del Pacto de Toledo, hay que cumplir el Acuerdo de Pensiones de 2006.
El sindicato siempre ha defendido nuestro sistema de pensiones, por el hecho que es uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar, y además es la expresión de la solidaridad intergeneracional. A mejorar y a fortalecer el sistema de pensiones el sindicato siempre estará a favor; ahora bien, si el que se quiere es debilitarlo y empeorarlo, nos tendrán enconadamente en contra.
En el Maresme, en 2009, 73.877 personas han percibido una pensión del Régimen General de la Seguridad Social. De este total, la pensión de 44.575 pensionistas es de una cuantía inferior al SMI, y 29.302 pensionistas han cobrado una pensión por encima del SMI. Justo es decir que el salario mínimo interprofesional, en 2009, era de 624 euros mensuales por catorce pagas. Pensiones, como se ve, insuficientes y manifiestamente mejorables.
Repentinamente este tema ha pasado a primer plan y conviene, sin agotar el tema, dejar tres o cuatro cosas muy claras para afrontar el debate que a buen seguro habrá, más muy dicho, que ya ha empezado.
Una primera evidencia: hay un progresivo envejecimiento de la población, que hará que se genere un número creciente de pensiones, y también, una cuantía mediana más elevada y durante más años, por el positivo incremento de la esperanza de vida. También hay otra certeza, que la edad de jubilación, de manera efectiva, se va atrasando. Hemos pasado de los 62'5 a 63'8 años en el conjunto del sistema, de forma que se acerca a la edad legal de acceso a la jubilación, los 65 años.
Hay que saber que la situación financiera del sistema es positiva. El año 2008 el excedente fue de 8.000 millones de euros, y el de 2009 ha superado esta cantidad. Además, la previsión de superávit para el año 2010 es de 2.700 millones de euros. Hay que añadir que el fondo de reserva de la Seguridad Social ya supera los 60.000 millones de euros, y llegará muy probablemente a los 62.000 millones.
Conviene recordar que CCOO es la única organización que ha firmado todos los acuerdos que se han hecho en el marco del diálogo social sobre esta materia. La responsabilidad y la coherencia que siempre hemos tenido nos da toda la autoridad para mostrar nuestra disconformidad en el atraso de la edad legal de jubilación que quiere el Gobierno del Estado. Es una medida innecesaria y desproporcionada, y además contradictoria con cualquier iniciativa de reducir las cotizaciones sociales, o, el que es el mismo, cualquier medida que debilite la estructura de ingresos del sistema, que también tendrá nuestra oposición.
En la línea de reforzar la estructura de los ingresos, hay que continuar con el proceso de separación de las fuentes: dejar de financiar con cotizaciones los gastos de personal de la administración de la Seguridad Social; incrementar el salario mínimo interprofesional, puesto que sirve de base de cotización mínima; aumentar las bases mínimas de cotización, con una adecuación de la cuantía de la pensión máxima.
Hay que saber que desde el 2008 la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo está trabajando. Sabiendo esto, todavía se entienden menos las salidas de tono del Gobierno del Estado en estos temas. Y hay que recordar que antes de empezar el debate sobre la renovación del Pacto de Toledo, hay que cumplir el Acuerdo de Pensiones de 2006.
El sindicato siempre ha defendido nuestro sistema de pensiones, por el hecho que es uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar, y además es la expresión de la solidaridad intergeneracional. A mejorar y a fortalecer el sistema de pensiones el sindicato siempre estará a favor; ahora bien, si el que se quiere es debilitarlo y empeorarlo, nos tendrán enconadamente en contra.