Un atentado contra el estado del bienestar y los derechos de los trabajadores, o un paso ineludible para acabar con las elevadas tasas de paro y salir de la crisis? La reforma laboral impulsada por el Gobierno central y aprobada en el Congreso ha generado posiciones enfrentadas. Para los sindicatos y las fuerzas políticas de izquierdas, supondrá una regresión de 40 años en el ámbito laboral. Por eso, consideran vital paralizar el país con una huelga general de este miércoles, día 29 de septiembre. Para el ejecutivo y la patronal, en cambio, no hay vuelta atrás y la reforma es imprescindible para transformar el mercado laboral y el modelo productivo. Por eso consideran que la convocatoria de huelga es innecesaria o, incluso, contraproducente para el país.
'Ataque a los trabajadores'
"El decreto del gobierno es injusto porque carga sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de una crisis provocada por los mercados financieros internacionales", destaca Ovidi Huertas, secretario general de CCOO en el Vallès Oriental y el Maresme. El sindicato es uno de los convocantes a la huelga, una medida que considera básica para combatir una reforma que "facilita la precarització del mercado de trabajo y que no aporta ninguna solución para recortar el paro", añade Huertas. Para Comisiones Obreras, la reforma laboral impulsada por el gobierno español se inscribe en una corriente de políticas neoliberales propugnadas por la Unión Europea que atacan directamente el estado del bienestar y los derechos sociales. En la misma línea se mueve UGT, otro de los sindicatos convocantes. "La reforma es la mayor agresión que sufren los trabajadores y trabajadoras de este país desde antes de la democracia", resuelve con contundencia Lluís Torrents, secretario comarcal de UGT en el Maresme. Según él, las medidas impulsadas por el gobierno "ponen en riesgo los pactos logrados entre trabajadores y empresarios que nos habían dado una buena convivencia". La debilitación de los convenios colectivos, la flexibilización de los contratos o las medidas para facilitar los despidos, además de la congelación de las pensiones y la amenaza de ampliar la edad de jubilación a los 67 años son los elementos más criticados.
En Mataró se ha creado la Plataforma Unitaria de Entidades Sociales y Sindicales, que reúne sindicados cómo CGT y USTEC y partidos como la CUP, que también se han propuesto combatir la reforma laboral a través de la convocatoria de huelga. Según estas entidades, la propuesta del Gobierno reduce las indemnizaciones por despido, privatiza los servicios públicos de ocupación, precaritza la contratación juvenil, de la mujer y de los recién llegados y endurece el acceso a las pensiones contributivas. Otro partido que se ha mostrado claramente a favor de la huelga es ICV-EUiA. El portavoz de la coalición en Mataró, Esteve Martínez, considera que la reforma es "un ataque frontal a los trabajadores que hay que parar". Siguiendo la línea de los discursos sindicalistas, Martínez considera que las medidas aprobadas al Congreso servirán por "precaritzar" el estado del bienestar y para avanzar hacia un "capitalismo más salvaje y menos social". Lamenta, además, la "campaña mediática de desprestigi de la huelga", que tiene como objetivo "convencer la población que no le queda más remedio que aceptar estas medidas".
'Reformas necesarias'
Los defensores de la reforma laboral, contrarios por lo tanto a la huelga, consideran efectivamente que no hay más remedio que salirla adelante. "Nos guste más o menos, es necesaria para combatir la situación en que nos encontramos", afirma Consuelo Prados, presidenta local del PSC. Reconoce que hay medidas "dolorosas" como por ejemplo la congelación de las pensiones, pero considera que la huelga general "no es una acción conveniente en estos momentos". "Los sindicatos juegan su papel, pero no tienen que ser tan apocalípticos", afirma Prados, que asegura que la reforma laboral "tiene como gran objetivo hacer disminuir unas tasas de paro que son inasumibles para nuestro país". Según la líder de los socialistas en Mataró, tanto su partido como el Gobierno trabajará "porque los trabajadores no pierdan ningún derecho". Antes, pero, hay que "frenar la destrucción de la ocupación" e impulsar reformas "más profundas" que ayuden a transformar el modelo productivo.
Este último elemento es una de las grandes reclamaciones de la patronal, que ve en la reforma el único camino posible y, por lo tanto, ve la huelga con muchos malos ojos. "Más allá del origen financiero de la crisis, se ha evidenciado que al Estado español sufrimos problemas importantes como por ejemplo la carencia de competitividad", explica Roser Moreno, presidenta de la Federación de Asociaciones y Gremios Empresariales del Maresme (FAGEM). Las tasas de paro, mucho más elevadas que la media europea, evidencian según la FAGEM los problemas estructurales españoles que hay que solucionar. "Y ahora queremos hacer una huelga que quiere ir contra el gobierno pero que acabará castigando al empresario y al trabajador, esto es fatal", apunta Moreno. No hay otra vía, según los empresarios, que flexibilizar el mercado laboral, "demasiado estricto" hasta ahora en palabras de Moreno. Paralizar el país con una huelga general, explican desde la FAGEM, tampoco ayudará a generar confianza en los mercados exteriores.
'Ataque a los trabajadores'
"El decreto del gobierno es injusto porque carga sobre los hombros de los trabajadores todo el peso de una crisis provocada por los mercados financieros internacionales", destaca Ovidi Huertas, secretario general de CCOO en el Vallès Oriental y el Maresme. El sindicato es uno de los convocantes a la huelga, una medida que considera básica para combatir una reforma que "facilita la precarització del mercado de trabajo y que no aporta ninguna solución para recortar el paro", añade Huertas. Para Comisiones Obreras, la reforma laboral impulsada por el gobierno español se inscribe en una corriente de políticas neoliberales propugnadas por la Unión Europea que atacan directamente el estado del bienestar y los derechos sociales. En la misma línea se mueve UGT, otro de los sindicatos convocantes. "La reforma es la mayor agresión que sufren los trabajadores y trabajadoras de este país desde antes de la democracia", resuelve con contundencia Lluís Torrents, secretario comarcal de UGT en el Maresme. Según él, las medidas impulsadas por el gobierno "ponen en riesgo los pactos logrados entre trabajadores y empresarios que nos habían dado una buena convivencia". La debilitación de los convenios colectivos, la flexibilización de los contratos o las medidas para facilitar los despidos, además de la congelación de las pensiones y la amenaza de ampliar la edad de jubilación a los 67 años son los elementos más criticados.
En Mataró se ha creado la Plataforma Unitaria de Entidades Sociales y Sindicales, que reúne sindicados cómo CGT y USTEC y partidos como la CUP, que también se han propuesto combatir la reforma laboral a través de la convocatoria de huelga. Según estas entidades, la propuesta del Gobierno reduce las indemnizaciones por despido, privatiza los servicios públicos de ocupación, precaritza la contratación juvenil, de la mujer y de los recién llegados y endurece el acceso a las pensiones contributivas. Otro partido que se ha mostrado claramente a favor de la huelga es ICV-EUiA. El portavoz de la coalición en Mataró, Esteve Martínez, considera que la reforma es "un ataque frontal a los trabajadores que hay que parar". Siguiendo la línea de los discursos sindicalistas, Martínez considera que las medidas aprobadas al Congreso servirán por "precaritzar" el estado del bienestar y para avanzar hacia un "capitalismo más salvaje y menos social". Lamenta, además, la "campaña mediática de desprestigi de la huelga", que tiene como objetivo "convencer la población que no le queda más remedio que aceptar estas medidas".
'Reformas necesarias'
Los defensores de la reforma laboral, contrarios por lo tanto a la huelga, consideran efectivamente que no hay más remedio que salirla adelante. "Nos guste más o menos, es necesaria para combatir la situación en que nos encontramos", afirma Consuelo Prados, presidenta local del PSC. Reconoce que hay medidas "dolorosas" como por ejemplo la congelación de las pensiones, pero considera que la huelga general "no es una acción conveniente en estos momentos". "Los sindicatos juegan su papel, pero no tienen que ser tan apocalípticos", afirma Prados, que asegura que la reforma laboral "tiene como gran objetivo hacer disminuir unas tasas de paro que son inasumibles para nuestro país". Según la líder de los socialistas en Mataró, tanto su partido como el Gobierno trabajará "porque los trabajadores no pierdan ningún derecho". Antes, pero, hay que "frenar la destrucción de la ocupación" e impulsar reformas "más profundas" que ayuden a transformar el modelo productivo.
Este último elemento es una de las grandes reclamaciones de la patronal, que ve en la reforma el único camino posible y, por lo tanto, ve la huelga con muchos malos ojos. "Más allá del origen financiero de la crisis, se ha evidenciado que al Estado español sufrimos problemas importantes como por ejemplo la carencia de competitividad", explica Roser Moreno, presidenta de la Federación de Asociaciones y Gremios Empresariales del Maresme (FAGEM). Las tasas de paro, mucho más elevadas que la media europea, evidencian según la FAGEM los problemas estructurales españoles que hay que solucionar. "Y ahora queremos hacer una huelga que quiere ir contra el gobierno pero que acabará castigando al empresario y al trabajador, esto es fatal", apunta Moreno. No hay otra vía, según los empresarios, que flexibilizar el mercado laboral, "demasiado estricto" hasta ahora en palabras de Moreno. Paralizar el país con una huelga general, explican desde la FAGEM, tampoco ayudará a generar confianza en los mercados exteriores.