Todos los grupos municipales están en contra de la presencia de macroprostíbuls en Mataró pero no se ponen de acuerdo en la fórmula para frenar su instalación. Las discrepancias en este tema quedaron de manifiesto en el largo y tienes debate que tuvo lugar en el pleno de jueves, día 4, que se alargó durante más de dos horas y cuarto para acabar, al final, en el mismo punto en que se había empezado. Y es que todo y el rechazo unánime a los macroprostíbuls, los grupos municipales no van ni llegar a consensuar una declaración unitaria que dejara constancia. La declaración se aprobó únicamente con los votos a favor de los tres grupos del gobierno y la CUP.
El gobierno volvió a insistir en la indefensión de los Ayuntamientos ante la legislación catalana que regula los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. La regidora de Promoción Económica y responsable de Licencias, Alícia Romero, explicó que la situación "de al·legalitat" de la prostitución hace muy "complejo" encontrar una solución para el caso de Mataró, donde ya se ha concedido una licencia para la apertura de un macroprostíbul a las Huertas del Camino real. Por Romero, el decreto aprobado por el gobierno Pujol en 2002 regula los prostíbulos pero no pone límites. "El decreto no permite prohibir los prostíbulos" y "si no se cambia tendrá que abrir", lamentó. La regidora defendió, por eso, la medida provisional de susprendre el otorgamiento de licencias para elaborar un Plan Especial Urbanístico que permita limitar la presencia de estos locales a la ciudad. Por otro lado, los servicios técnicos municipales, explicó, están estudiando las posibles consecuencias económicas de la suspensión de licencias, puesto que el promotor de los prostíbulos podría recorrer.
La regidora admitió que había fallado a la hora de informar al resto de grupos y en no haber previsto "que el tema levantaría tanta polvareda", pero también defendió que la licencia está "ajustada a derecho". Por Romero, el problema es que el decreto es "frágil y débil" e insiste en qué si no se produce una modificación, con toda probabilidad el macroprostíbul con licencia acabará abriendo. La responsable de licencias recordó también que alcaldes de todos los colores políticos han sido unánimes a la hora de expresar la indefensión ante una legislación "que nos liga de manso y pies" e incluso citó una palabras de Artur Mar –que firmó el decreto del 2002 cuando era consejero en cabeza- en que admitía las carencias de la actual normativa.
Anular la licencia
CIU considera en cambio que el Ayuntamiento sí que puede anular la licencia concedida porque está mal tramitada. La cabeza del grupo, Joan Mora, recordó que se tendría que haber otorgado una licencia municipal especifica en ninguna parte de una licencia ambiental y anunció que la formación no descarta traer este tema al juzgado. Además, reprochó en el gobierno municipal que no hubiera previsto la necesidad de regular este tipo de locales puesto que el decreto del 2002 pide en los ayuntamientos que elaboren una ordenanza municipal. Con esta ordenanza "nos podríamos haber ahorrado este mal trance", dijo. Mora acusó Romero de haber "faltado a la verdad" y de crear "indefensión" entre los ciudadanos asegurando que el ayuntamiento no puede hacer nada: "y tanto que se puede hacer", dijo. Mora, además, pidió la dimisión de la regidora y le advirtió a Baron que pasaría a la posteridad para ser el alcalde que abrió el macroprostíbul en Mataró.
Por el popular Pau Mojedano, la solución al problema pasa para elaborar ahora una ordenanza propia. El popular criticó el gobierno para reaccionar un golpe ha estallado la alarma social "y porque ven peligrar los votos" y puso como ejemplo "del mal gobierno" de la ciudad. Mojedano aseguró haber perdido la confianza política en la regidora Romero, a quién acusó de "sacarse la responsabilidad del encima". "Me asusta la frialdad con que dice que no pueden parar esto, sin pensar en las consecuencias que tendrá" dijo, que también pidió su dimisión. Mojedano también cargó contra el alcalde, al que le recordó que "tiene que buscar una solución". En respuesta a la oposición, Baron defendió la solución adoptada por el gobierno y también explicó que la tesis que defiende CiU "no se aguanta en ninguna parte" porque si fuera cierto que se trata de una licencia mal dada, "la podríamos anular pero el propietario la podría volver a pedir y le tendríamos que conceder".
El portavoz de la CUP, Xavier Safont-Elige, también se mostró contrario a los macroprostíbuls por sus dimensiones y advirtió que puede generar conflictos y dificultar la defensa de los derechos de las prostitutas. Por eso, al margen de tramitar un plan urbanístico, reclamó un debate social para abordar esta problemática. Según la CUP, "hay que legalizar la prostitución", a pesar de que en una "situación idílica" asegurarían que se mostrarían contrarios.
El gobierno volvió a insistir en la indefensión de los Ayuntamientos ante la legislación catalana que regula los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. La regidora de Promoción Económica y responsable de Licencias, Alícia Romero, explicó que la situación "de al·legalitat" de la prostitución hace muy "complejo" encontrar una solución para el caso de Mataró, donde ya se ha concedido una licencia para la apertura de un macroprostíbul a las Huertas del Camino real. Por Romero, el decreto aprobado por el gobierno Pujol en 2002 regula los prostíbulos pero no pone límites. "El decreto no permite prohibir los prostíbulos" y "si no se cambia tendrá que abrir", lamentó. La regidora defendió, por eso, la medida provisional de susprendre el otorgamiento de licencias para elaborar un Plan Especial Urbanístico que permita limitar la presencia de estos locales a la ciudad. Por otro lado, los servicios técnicos municipales, explicó, están estudiando las posibles consecuencias económicas de la suspensión de licencias, puesto que el promotor de los prostíbulos podría recorrer.
La regidora admitió que había fallado a la hora de informar al resto de grupos y en no haber previsto "que el tema levantaría tanta polvareda", pero también defendió que la licencia está "ajustada a derecho". Por Romero, el problema es que el decreto es "frágil y débil" e insiste en qué si no se produce una modificación, con toda probabilidad el macroprostíbul con licencia acabará abriendo. La responsable de licencias recordó también que alcaldes de todos los colores políticos han sido unánimes a la hora de expresar la indefensión ante una legislación "que nos liga de manso y pies" e incluso citó una palabras de Artur Mar –que firmó el decreto del 2002 cuando era consejero en cabeza- en que admitía las carencias de la actual normativa.
Anular la licencia
CIU considera en cambio que el Ayuntamiento sí que puede anular la licencia concedida porque está mal tramitada. La cabeza del grupo, Joan Mora, recordó que se tendría que haber otorgado una licencia municipal especifica en ninguna parte de una licencia ambiental y anunció que la formación no descarta traer este tema al juzgado. Además, reprochó en el gobierno municipal que no hubiera previsto la necesidad de regular este tipo de locales puesto que el decreto del 2002 pide en los ayuntamientos que elaboren una ordenanza municipal. Con esta ordenanza "nos podríamos haber ahorrado este mal trance", dijo. Mora acusó Romero de haber "faltado a la verdad" y de crear "indefensión" entre los ciudadanos asegurando que el ayuntamiento no puede hacer nada: "y tanto que se puede hacer", dijo. Mora, además, pidió la dimisión de la regidora y le advirtió a Baron que pasaría a la posteridad para ser el alcalde que abrió el macroprostíbul en Mataró.
Por el popular Pau Mojedano, la solución al problema pasa para elaborar ahora una ordenanza propia. El popular criticó el gobierno para reaccionar un golpe ha estallado la alarma social "y porque ven peligrar los votos" y puso como ejemplo "del mal gobierno" de la ciudad. Mojedano aseguró haber perdido la confianza política en la regidora Romero, a quién acusó de "sacarse la responsabilidad del encima". "Me asusta la frialdad con que dice que no pueden parar esto, sin pensar en las consecuencias que tendrá" dijo, que también pidió su dimisión. Mojedano también cargó contra el alcalde, al que le recordó que "tiene que buscar una solución". En respuesta a la oposición, Baron defendió la solución adoptada por el gobierno y también explicó que la tesis que defiende CiU "no se aguanta en ninguna parte" porque si fuera cierto que se trata de una licencia mal dada, "la podríamos anular pero el propietario la podría volver a pedir y le tendríamos que conceder".
El portavoz de la CUP, Xavier Safont-Elige, también se mostró contrario a los macroprostíbuls por sus dimensiones y advirtió que puede generar conflictos y dificultar la defensa de los derechos de las prostitutas. Por eso, al margen de tramitar un plan urbanístico, reclamó un debate social para abordar esta problemática. Según la CUP, "hay que legalizar la prostitución", a pesar de que en una "situación idílica" asegurarían que se mostrarían contrarios.