Mataró es una ciudad prolífica en fiestas, pasacalles y encuentros culturales, muchos de ellos con los gigantes y gigantas como protagonistas. Cada escuela, con su AFA al frente, organiza una serie de actividades festivas a lo largo del calendario como una tradición más. También lo hacen barrios, calles o entidades. Y siempre que hay pasacalles, además, el público responde. Esta realidad es un activo de ciudad, pero la moneda también tiene otra cara: el coste implícito que supone cada uno de estos actos a nivel de seguridad o cortes de tráfico. Tantos actos y tantas necesidades se convierten en un auténtico quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Mataró, que desde hace tiempo contrata seguridad privada para cubrir pasacalles o fiestas populares o escolares. Unos profesionales privados que, en primera instancia, quiso que fueran sufragados por los propios organizadores de los actos. La decisión, sin embargo, se ha congelado. De momento hay quebraderos de cabeza y poco más.
La semana pasada, en un comunicado hecho público en redes sociales, las asociaciones de familias de alumnos (AFA) y diversas entidades culturales criticaban la decisión del Ayuntamiento de obligar a contratar seguridad privada para quienes quisieran organizar estas actividades. Tres días después, las mismas asociaciones desconvocaban la protesta. Para un pasacalles, fiesta o encuentro, tanto cultural como escolar, no será necesario pagar y contratar a controladores profesionales. Al menos por ahora.
El Ayuntamiento y un "proceso de reflexión interna"
El Ayuntamiento de Mataró asegura que actualmente se está llevando a cabo “un proceso de reflexión interna para revisar el modelo de gestión de los actos públicos desde todas sus vertientes”. Detrás de cada acto hay toda una serie de pasos (tramitación, plazos de petición, gestión logística de las afectaciones a la movilidad, seguridad y protección civil...) a los que el Consistorio quiere poner más orden. Para minimizar el quebradero de cabeza. De momento no hay ninguna decisión tomada en firme, ya que el proceso de reflexión sigue en marcha. Sí aclara el Ayuntamiento que “mientras se realiza este proceso de revisión, se mantiene el modelo actual de gestión de los actos públicos y, por tanto, el Ayuntamiento garantiza la seguridad en los actos públicos y la realización de los cortes de movilidad que comporten”.
En el comunicado que ha quedado desfasado por la paralización en la aplicación de la medida, las AFA y entidades razonaban que hacerles pagar seguridad privada por los actos que organizan supondría “una carga económica inasumible para muchas asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan, de manera voluntaria, para mantener vivo el tejido cultural y comunitario de la ciudad”. Igualmente recordaban que “durante años, la colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades ha permitido organizar eventos seguros, participativos y educativos que fomentan el sentimiento de pertenencia, la convivencia y la cultura popular entre niños, familias y vecindario” y remataban que, de aplicarse la medida, se ponían en riesgo “iniciativas que dan vida a los barrios y a las escuelas”. El comunicado rezaba que “no podemos permitir que la burocracia y la falta de sensibilidad institucional ahoguen la iniciativa ciudadana ni el trabajo voluntario de tantas familias y entidades que hacen posible una ciudad viva, participativa y arraigada a su cultura”.
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