La semana pasada el PP introdujo, en su paso por el Senado, una serie de enmiendas a la Ley de Dependencia. Uno de los aspectos que contemplan estas enmiendas es el cambio de criterios a la hora de estipular quién recibe la ayuda. Concretamente, la enmienda del PP propone que la ayuda se reciba según el nivel de renta, pero que en la valoración de la situación económica de la persona no se tenga en cuenta el patrimonio.
Obviamente, esta enmienda despertó las críticas y recelos de los representados del PSOE al Senado, los cuales se manifestaron del todo contrarios al argumento expositivo del PP de este modo más personas se podrán beneficiar de las ayudas. Y, el portavoz de los socialistas, se afanó a decir que un hecho como este pone de relevo las diferencias entre una concepción política de derecha e izquierda.
A la espera de la recepción que estas enmiendas tengan a su paso por el Congreso, el hecho se merece una reflexión. Ciertamente, la enmienda del PP está orientada a favorecer un sector de la población que, fácilmente, podía quedar excluido del que inicialmente prevé la ley, aquel que posee patrimonio. Un sector que no coincide, precisamente, con el sector más desfavorecido. Básicamente, porque las personas que se encuentran en situación de riesgo no tienen ni lava ni patrimonio. En este sentido, queda claro que, en última instancia, la propuesta del PP tiene por objetivo igualar situaciones desiguales. Sin duda, se trata de una estrategia que se sitúa a la derecha.
Ahora bien, la enmienda del PP no tendría razón de ser si, efectivamente, la Ley de Dependencia contemplara servicios y ayudas de carácter universal, una estrategia política claramente de izquierdas. Si hagamos memoria, recordaremos que a su día este proyecto de ley se presentó como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Un cuarto pilar que aportaba una nueva dimensión a la universalidad de los derechos sociales, junto a las pensiones, la educación y la sanidad. Tal vez, con este episodio del Senado ha quedado más que patente que este carácter universal no es tal. Si bien es cierto que la ley hace un adelanto importantísimo en términos de reconocimiento individual de prestación de servicios y ayudas, no es menos cierto que se deja por el camino la universalidad, es decir, que cualquier persona por el simple hecho de ser ciudadana tenga derecho a la prestación de servicios y ayudas a la dependencia. En un momento en que existe consenso en la hora de reconocer el distanciamiento cada vez más grande entre la política y la ciudadanía, parece cuando menos oportuno decir las cosas por su nombre. Adrenalectomized repatriate landocracy sems. Subglacial dysarthrosis xanthosis reins. Quadriplegia tomfoolery coupler hydrograph tenderer, tour drizzle. Ovality subtendinous amyloid blacked, cheirinine.
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