La magistrada del Juzgado de Mataró Lucía Avilés formará parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Se trata de uno de los nombres acordados por el Gobierno del PSOE y del PP en el anhelado pacto para renovar el organismo judicial, que se anunció ayer martes, día 25, después de años de espera.
Avilés, jueza desde el año 2009, estaba destinada hasta ahora al Juzgado Penal número 2 de la capital del Maresme. Destaca como experta en el ámbito de la violencia de género. Avilés recibió el premio Meninas 2022 de la Delegación del Gobierno por su especialización en perspectiva de género y su iniciativa legislativa judicial para que la violencia económica sea considerada también una forma de violencia machista. Aquel año, en una entrevista, afirmó que "hoy no se puede ser jueza sin ser feminista", además de denunciar los sesgos de género y prejuicios que siguen presentes en el mundo judicial. Sobre el caso del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, afirmó que "un beso no consentido es un delito, y de agresión sexual".
En su currículum figura una amplia trayectoria en materia formativa y legislativa en los ámbitos de la violencia de género, violencia sexual y juicios, en organismos como el Parlamento Europeo, el Ministerio de Igualdad, fuerzas y cuerpos de seguridad o universidades. Como ejemplo, en el año 2017 participó en Bruselas como experta en la mesa de trabajo de la Comisión Europea para la Implementación de la Orden de Protección. Es coautora del libro Justicia en clave feminista: reflexiones en torno a la inserción de la perspectiva de género en el ámbito judicial (2021) y del libro Análisis de la justicia desde la perspectiva de género (2018).
Acuerdo de renovación
El PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, reformar la ley sobre el poder judicial y el ministerio fiscal, así como para nombrar un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El pacto pone fin a más de cinco años de controversia por la elección de la cúpula judicial en España.
La proposición de ley acordada prevé la reforma de la ley orgánica del poder judicial y la reforma de la ley que regula el estatuto orgánico del ministerio fiscal. En cuanto a la primera, se incluye un régimen de incompatibilidades para los futuros vocales del CGPJ, de manera que no podrán acceder a la cúpula judicial si en los cinco años anteriores han ocupado cargos públicos de carácter político. Además, deberán comparecer ante una comisión de nombramientos de la cámara legislativa que los deba validar. También se creará una comisión de calificación dentro del órgano colegiado para "garantizar una valoración objetiva de las candidaturas".
La proposición de ley establece una mayoría de tres quintas partes de los vocales del CGPJ para nombrar a los presidentes de las audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente del CNI. En cuanto a la fiscalía, la reforma prohibirá que un ministro o secretario de estado pueda ser fiscal general del Estado, como ocurrió con la exministra socialista Dolores Delgado.[banner-AMP_5]