Ya no habrá más bancos, cajas de ahorros y establecimientos financieros de ningún tipo a las plantas bajas de gran parte del casco antiguo de Mataró. Tampoco se podrán instalar nuevas empresas administrativas o de servicios, como las inmobiliarias, las empresas de seguros o las empresas de trabajo temporal. Así lo prevé la modificación puntual de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación, que el Gobierno Municipal tiene previsto aprobar mañana al Pleno y que ha presentado hoy miércoles, día 6, en rueda de prensa. La nueva normativa regulará la implantación de oficinas en planta baja de las calles donde se concentra más actividad comercial y tendrán que servir para potenciar el sector comercio en el entramado urbano.
La nueva regulación establece restricciones de dos tipos: el nivel 1 o restricción total, que se aplicará a un total 39 calles o tramos de calle (29 del eje comercial del centro y 10 otros esos comerciales de la ciudad). En las plantas bajas de estos viales no se podrán implantar nuevos usos de carácter finançer, administrativos o de servicios, ni tampoco actividades que limiten el acceso generalizado de los ciudadanos (por ejemplo, tiendas por mayores de 18 años como los sex-shops) o establecimientos que tanto sólo abren en horario nocturno. Entre estas calles, figuran por ejemplo la Riera, la Plaza Santa Anna, la calle Barcelona, la avenida Gatassa o la avenida América. El segundo nivel, de restricción parcial, se aplicará en 13 calles (10 del centro y 3 otros barrios de la ciudad) y prohibirá la implantación de bancos, cajas o entidades financieras a menos de 100 metros cuadrados de distancia entre sí. La nueva normativa, además, restringe totalmente la reconversión de las plantas bajas en nuevas viviendas en las calles sometidas a los dos niveles de restricción.
La presidenta del Instituto Municipal de Promoción Económica (IMPEM), Alícia Romero, ha explicado que el sector servicios ha experimentado un fuerte crecimiento desde la aplicación del Plan General de Ordenación, ahora hace 10 años, cosa que ha motivado la proliferación de entidades bancaries y empresas aseguradoras, entre otras actividades similares, a los varios ejes comerciales de la ciudad. Son establecimientos que cierran el fin de semana, rompen con la shopping line (línea comercial) y provocan la desertización de algunas zonas, ha apuntado Romero. La decisión de modificar la normativa, responde, según la presidenta de la IMPEM, a la necesidad de priorizar los usos comerciales a las plantas bajas.
Otra de las medidas previstas por el cambio de normativa es limitar la implantación de nuevas viviendas a tanto sólo la mitad de las plantas bajas existentes a las calles de más de 10 metros de anchura (en los casos en que no se vean afectados por los dos niveles de restricción), puesto que estos tienen mayoritariamente una clara vocación comercial. Así, se pretende favorecer la mezcla de usos dentro del tejido edificatori existente a la ciudad. Después de que el pleno apruebe mañana estos cambios, se procederá a la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias que no se ajusten a esta normativa.
Trabajo con la Unión de Tenderos
La regulación del crecimiento progresivo de oficinas en planta baja ya estaba prevista en el Programa de Orientación para los Equipamientos Comerciales (POEC), aprobado el 15 de enero de 2004. A este hecho se añadió la propuesta que la Unión de Tenderos, de acuerdo con el resto de entidades comerciales, presentó a la IMPEM el pasado mes de marzo, que contendía un listado de calles que a su parecer tenían que ser objeto de la regulación finalmente presentada hoy. Alícia Romero ha remarcado que la modificación del Plano General se ha hecho en común acuerdo con los tenderos y que se ha realizado un estudio minucioso para dictaminar el conjunto de calles afectadas por los dos niveles de restricción.
El secretario general de la Unión de Tenderos, Josep Filbà, ha destacado que el cambio de normativa es "una medida muy bienvenida" por el sector comercio de la ciudad y ha deseado que "no llegue demasiado tarde". Según Filbà, "hace tiempo que el mal se habría podido evitar, pero ahora ya tenemos muchas calles hipotecadas por la presencia de locales que no responden a su perfil de eje comercial". A su parecer, la medida presentada hoy por el Ayuntamiento "no es una contrapartida" por el conflicto que vivieron los tenderos con el IMPEM a raíz de la apertura de comercios el día de la Feria, el 5 de junio, a pesar de que aquellos hechos, según Filbà, "pueden haber agilizado" el cambio de normativa.
La nueva regulación establece restricciones de dos tipos: el nivel 1 o restricción total, que se aplicará a un total 39 calles o tramos de calle (29 del eje comercial del centro y 10 otros esos comerciales de la ciudad). En las plantas bajas de estos viales no se podrán implantar nuevos usos de carácter finançer, administrativos o de servicios, ni tampoco actividades que limiten el acceso generalizado de los ciudadanos (por ejemplo, tiendas por mayores de 18 años como los sex-shops) o establecimientos que tanto sólo abren en horario nocturno. Entre estas calles, figuran por ejemplo la Riera, la Plaza Santa Anna, la calle Barcelona, la avenida Gatassa o la avenida América. El segundo nivel, de restricción parcial, se aplicará en 13 calles (10 del centro y 3 otros barrios de la ciudad) y prohibirá la implantación de bancos, cajas o entidades financieras a menos de 100 metros cuadrados de distancia entre sí. La nueva normativa, además, restringe totalmente la reconversión de las plantas bajas en nuevas viviendas en las calles sometidas a los dos niveles de restricción.
La presidenta del Instituto Municipal de Promoción Económica (IMPEM), Alícia Romero, ha explicado que el sector servicios ha experimentado un fuerte crecimiento desde la aplicación del Plan General de Ordenación, ahora hace 10 años, cosa que ha motivado la proliferación de entidades bancaries y empresas aseguradoras, entre otras actividades similares, a los varios ejes comerciales de la ciudad. Son establecimientos que cierran el fin de semana, rompen con la shopping line (línea comercial) y provocan la desertización de algunas zonas, ha apuntado Romero. La decisión de modificar la normativa, responde, según la presidenta de la IMPEM, a la necesidad de priorizar los usos comerciales a las plantas bajas.
Otra de las medidas previstas por el cambio de normativa es limitar la implantación de nuevas viviendas a tanto sólo la mitad de las plantas bajas existentes a las calles de más de 10 metros de anchura (en los casos en que no se vean afectados por los dos niveles de restricción), puesto que estos tienen mayoritariamente una clara vocación comercial. Así, se pretende favorecer la mezcla de usos dentro del tejido edificatori existente a la ciudad. Después de que el pleno apruebe mañana estos cambios, se procederá a la suspensión del otorgamiento de nuevas licencias que no se ajusten a esta normativa.
Trabajo con la Unión de Tenderos
La regulación del crecimiento progresivo de oficinas en planta baja ya estaba prevista en el Programa de Orientación para los Equipamientos Comerciales (POEC), aprobado el 15 de enero de 2004. A este hecho se añadió la propuesta que la Unión de Tenderos, de acuerdo con el resto de entidades comerciales, presentó a la IMPEM el pasado mes de marzo, que contendía un listado de calles que a su parecer tenían que ser objeto de la regulación finalmente presentada hoy. Alícia Romero ha remarcado que la modificación del Plano General se ha hecho en común acuerdo con los tenderos y que se ha realizado un estudio minucioso para dictaminar el conjunto de calles afectadas por los dos niveles de restricción.
El secretario general de la Unión de Tenderos, Josep Filbà, ha destacado que el cambio de normativa es "una medida muy bienvenida" por el sector comercio de la ciudad y ha deseado que "no llegue demasiado tarde". Según Filbà, "hace tiempo que el mal se habría podido evitar, pero ahora ya tenemos muchas calles hipotecadas por la presencia de locales que no responden a su perfil de eje comercial". A su parecer, la medida presentada hoy por el Ayuntamiento "no es una contrapartida" por el conflicto que vivieron los tenderos con el IMPEM a raíz de la apertura de comercios el día de la Feria, el 5 de junio, a pesar de que aquellos hechos, según Filbà, "pueden haber agilizado" el cambio de normativa.