Los restos arqueológicos encuentros al subsuelo del solar de Can Fàbregas forman parte del conjunto industrial catalogado, cosa que inhabilita su desmontaje y traslado. Así lo ha manifestado este miércoles por la tarde la CUP, de la mano de su representante en el Consejo del Patrimonio, el arquitecto Agàpit Borràs. En rueda de prensa, Borràs ha apuntado que el que hay debajo de un Bien Cultural de Interés Local (BCIL), como es Can Fàbregas, "también es un BCIL". Estos restos, según él, "son un elemento inherente" en la fábrica catalogada y por lo tanto "no basta con documentarla", tal y como decía la propuesta técnica del arquitecto Josep Puig Boltà, encargado del proyecto de traslado de la nave. Borràs,ha apuntado que el descubrimiento de estos restos tiene que implicar que "se paralice" todo el proceso de traslado de la fábrica. "Se quiere aprobar inicialmente la operación cuando no se dispone de toda la documentación", ha añadido, en referencia a que todavía no se han estudiado en detalle los hallazgos arqueológicos. El arquitecto ha recordado además que el informe de la dirección general de Patrimonio del departamento de Cultura de la Generalitat que daba luz verde al traslado de la nave (siempre que se realice de forma íntegra y conservando todos sus elementos catalogados) se firmó "sin conocer los restos que hay en este subsuelo".
El regidor de la CUP Xavier Safont-Elige ha asegurado por parte suya que el gobierno está a punto de cometer "una irresponsabilidad" saliendo adelante la aprobación inicial del traslado. "Es un proyecto cargado de errores, sospechas e ilegalidades", ha dicho Safont-Elige, en referencia a los cuatro contenciosos que hay actualmente a los juzgados por diferentes cuestiones polémicas alrededor de Can Fàbregas, impulsados por la propia formación. El regidor ha asegurado que el ejecutivo municipal comete "prevaricación", puesto que sabe que actúa ilegalmente en la operación del traslado. La CUP basa esta acusación en el hecho que el reglamento del Plan especial del patrimonio arquitectónico de Mataró especifica que no se pueden trasladar edificios con el máximo nivel de protección (la catalogación "A" que ostenta Can Fàbregas). Safont-Elige ha afirmado que a partir de ahora las líneas de trabajo de la CUP serán "insistir en la oferta de diálogo con el gobierno para encontrar otras soluciones" que no sean el traslado de la fábrica, y "presentar alegaciones, recursos y, si hace falta, nuevos contenciosos para frenar las irregularidades del proyecto".
Por otro lado, el miembro de la CUP Joan Jubany ha afirmado que están estudiando impugnar la reunión del Consejo de Administración de PUMSA celebrada ayer martes al haberse programado en la misma hora que la del Consejo del Patrimonio. Por la CUP, ha habido "mala fe" por parte del gobierno, puesto que esta coincidencia implicó que Agàpit Borràs, representado de la formación en los dos organismos, sólo pudo asistir a una de las dos reuniones.
El regidor de la CUP Xavier Safont-Elige ha asegurado por parte suya que el gobierno está a punto de cometer "una irresponsabilidad" saliendo adelante la aprobación inicial del traslado. "Es un proyecto cargado de errores, sospechas e ilegalidades", ha dicho Safont-Elige, en referencia a los cuatro contenciosos que hay actualmente a los juzgados por diferentes cuestiones polémicas alrededor de Can Fàbregas, impulsados por la propia formación. El regidor ha asegurado que el ejecutivo municipal comete "prevaricación", puesto que sabe que actúa ilegalmente en la operación del traslado. La CUP basa esta acusación en el hecho que el reglamento del Plan especial del patrimonio arquitectónico de Mataró especifica que no se pueden trasladar edificios con el máximo nivel de protección (la catalogación "A" que ostenta Can Fàbregas). Safont-Elige ha afirmado que a partir de ahora las líneas de trabajo de la CUP serán "insistir en la oferta de diálogo con el gobierno para encontrar otras soluciones" que no sean el traslado de la fábrica, y "presentar alegaciones, recursos y, si hace falta, nuevos contenciosos para frenar las irregularidades del proyecto".
Por otro lado, el miembro de la CUP Joan Jubany ha afirmado que están estudiando impugnar la reunión del Consejo de Administración de PUMSA celebrada ayer martes al haberse programado en la misma hora que la del Consejo del Patrimonio. Por la CUP, ha habido "mala fe" por parte del gobierno, puesto que esta coincidencia implicó que Agàpit Borràs, representado de la formación en los dos organismos, sólo pudo asistir a una de las dos reuniones.