Estamos en tiempo de crisis profunda, de necesidades sociales y de elaboración de presupuestos municipales. Estas no son sólo una serie de cifras que tienen que cuadrar, sino la plasmación de las prioridades de aquellos que gobiernan y de las políticas que quieren llevar a cabo.
El político tiene la obligación de gestionar los fondos públicos salidos de los bolsillos del ciudadano, según su modelo social y político, de detectar los problemas de la comunidad y de buscar soluciones.
Cuando comparamos las políticas que los partidos en los diferentes gobiernos dicen defender con los presupuestos que se aprueban, podremos ver donde se pone realmente el énfasis, qué políticas para ayudar a la población más afectada se hacen, donde se derrochan el dinero.
La gestión eficaz de un presupuesto es la capacidad de llevar a cabo el que se ha propuesto. Y la situación social actual requiere un análisis exhaustivo y de una profunda revisión de los presupuestos. Presupuestos que los últimos años de desmadre económico han hecho posibles la realización de muchas actividades populares, pero que hoy en día no tienen ningún sentido ni cabida.
No es razonable que se mantengan grandes partidas presupuestarias en fiestas mayores (y menores), en macroactivitats deportivas, en actividades culturales, lúdicas y de ocio carísimas, etc.
No podemos negar que estos tipos de acontecimientos son un atractivo y una herramienta de cohesión. Pero, también, que muchas veces son un instrumento populista para lucirse, para mantener los ciudadanos entretenidos, para competir políticamente con anteriores gobiernos o con el pueblo del lado, a ver quién la hace más gorda.
Los políticos hablan cada día de crisis, de evitar la fractura social, que hay miles de familias en el umbral de la pobreza, que no tienen recursos y que los servicios sociales municipales no dan el alcance para las necesidades reales.
Todo esto es verdad, desgraciadamente. Por esta razón, ahora es el momento de revisar estas partidas y poner los presupuestos, de verdad, al servicio de la sociedad incrementando las partidas sociales en detrimento de partidas superfluas, de las cuales podemos prescindir.
Otra cuestión que la aprobación de los presupuestos pone sobre la mesa es el incremento de los tributos municipales o no.
Por un lado, es indiscutible que en época de crisis es necesaria la contención tributaria para aligerar el gasto económico de los hogares. Cualquier ayuda a los necesitados es poca. Subir los impuestos a las familias sin ningún ingreso no sería justo. Pero también es verdad que es igual de injusto el incremento lineal de los impuestos, como la congelación lineal. Cuando se trata por igual los desiguales, el que estamos promoviendo es la desigualdad.
De los tributos municipales, principal fuente de ingresos, una vez acabados los que provenían del totxo, tienen que salir las partidas sociales. Por eso se tendrían que buscar fórmulas porque las empresas y los ciudadanos que tienen su nivel intacto, o más elevado (la bajada de la inflación ha beneficiado aquellos que tienen trabajo), paguen más.
Las políticas progresistas y de izquierdas tienen que buscar siempre la distribución de la riqueza. Quien más tiene más paga. Este principio es indispensable aplicarlo también en los tributos municipales y en épocas de crisis.
Finalmente, creo que es de justicia ayudar las empresas que han optado para aguantar las plantillas negociando medidas con los sindicatos, y no ayudar las que han optado de una forma fría e insolidaria por la eliminación de sus trabajadores y trabajadoras, aprovechándose de la coyuntura económica.
En definitiva, la fiesta se ha acabado. Ahora toca austeridad y, por encima de todo, pensar en las personas.
El político tiene la obligación de gestionar los fondos públicos salidos de los bolsillos del ciudadano, según su modelo social y político, de detectar los problemas de la comunidad y de buscar soluciones.
Cuando comparamos las políticas que los partidos en los diferentes gobiernos dicen defender con los presupuestos que se aprueban, podremos ver donde se pone realmente el énfasis, qué políticas para ayudar a la población más afectada se hacen, donde se derrochan el dinero.
La gestión eficaz de un presupuesto es la capacidad de llevar a cabo el que se ha propuesto. Y la situación social actual requiere un análisis exhaustivo y de una profunda revisión de los presupuestos. Presupuestos que los últimos años de desmadre económico han hecho posibles la realización de muchas actividades populares, pero que hoy en día no tienen ningún sentido ni cabida.
No es razonable que se mantengan grandes partidas presupuestarias en fiestas mayores (y menores), en macroactivitats deportivas, en actividades culturales, lúdicas y de ocio carísimas, etc.
No podemos negar que estos tipos de acontecimientos son un atractivo y una herramienta de cohesión. Pero, también, que muchas veces son un instrumento populista para lucirse, para mantener los ciudadanos entretenidos, para competir políticamente con anteriores gobiernos o con el pueblo del lado, a ver quién la hace más gorda.
Los políticos hablan cada día de crisis, de evitar la fractura social, que hay miles de familias en el umbral de la pobreza, que no tienen recursos y que los servicios sociales municipales no dan el alcance para las necesidades reales.
Todo esto es verdad, desgraciadamente. Por esta razón, ahora es el momento de revisar estas partidas y poner los presupuestos, de verdad, al servicio de la sociedad incrementando las partidas sociales en detrimento de partidas superfluas, de las cuales podemos prescindir.
Otra cuestión que la aprobación de los presupuestos pone sobre la mesa es el incremento de los tributos municipales o no.
Por un lado, es indiscutible que en época de crisis es necesaria la contención tributaria para aligerar el gasto económico de los hogares. Cualquier ayuda a los necesitados es poca. Subir los impuestos a las familias sin ningún ingreso no sería justo. Pero también es verdad que es igual de injusto el incremento lineal de los impuestos, como la congelación lineal. Cuando se trata por igual los desiguales, el que estamos promoviendo es la desigualdad.
De los tributos municipales, principal fuente de ingresos, una vez acabados los que provenían del totxo, tienen que salir las partidas sociales. Por eso se tendrían que buscar fórmulas porque las empresas y los ciudadanos que tienen su nivel intacto, o más elevado (la bajada de la inflación ha beneficiado aquellos que tienen trabajo), paguen más.
Las políticas progresistas y de izquierdas tienen que buscar siempre la distribución de la riqueza. Quien más tiene más paga. Este principio es indispensable aplicarlo también en los tributos municipales y en épocas de crisis.
Finalmente, creo que es de justicia ayudar las empresas que han optado para aguantar las plantillas negociando medidas con los sindicatos, y no ayudar las que han optado de una forma fría e insolidaria por la eliminación de sus trabajadores y trabajadoras, aprovechándose de la coyuntura económica.
En definitiva, la fiesta se ha acabado. Ahora toca austeridad y, por encima de todo, pensar en las personas.