Este mes de enero se cumple un año de la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mataró, y de la firma del decreto de alcaldía que trajo a la comisión mixta para prevenir y evitar los desahucios. El balance del trabajo hecho durante este año desde estos dos frentes es positivo, puesto que se han conseguido parar un número importante de casos y, sobre todo, ha ayudado a visibilitzar una auténtica tragedia social. La sociedad ha mostrado su rechazo frontal a esta situación, que ha dejado totalmente desamparadas centenares de familias a la ciudad. Según datos de la comisión, el consistorio ha mediat en un total de 150 casos. La PAH apunta que cerca de 250 familias han acudido a pedirlos ayuda ante la amenaza de desalojo por incapacidad de pagar la hipoteca o el alquiler. La presión social ha obligado a mover ficha a la mayoría de los agentes implicados en estos procesos, especialmente a las entidades bancarias. En el transcurso de los últimos 12 meses, bancos y cajas han pasado de negarse frontalmente a ceder un palmo a negociar la cesión de parte de su gran stock de viviendas vacíos para familias desahuciadas. Otros colectivos, como por ejemplo los propios jueces, también están intercediendo porque las víctimas de este proceso no se vean sometidas a normativas tan duras y contrarias a sus derechos más básicos. El trabajo que se ha realizado hasta ahora, por lo tanto, es importante, pero hay que lamentar que no exista una mayor sintonía entre el Ayuntamiento –por vía de la comisión mixta- y la PAH. La plataforma abandonó la comisión porque la encontraba inoperante. Desde el consistorio se reconoce el papel vital que juega la entidad y aseguran que mantienen un diálogo constante con ella, pero el testigo de la PAH diverge en este sentido. Ante una emergencia social cómo es la oleada de desahucios, habría que dejar de banda las desavenencias, coordinar esfuerzos e ir todos a una.
