Del consenso al recorte:
A 82 años de la muerte de Gramsci, son muchos los estudiantes catalanes que pueden preguntarse: cómo podemos continuar formándonos oficialmente? Una pregunta que, cada vez más, elimina el término «universidad» de la respuesta. Esto tiene una explicación muy clara, el consenso político que había permitido avanzar hacia una educación pública, con todo el que verdaderamente significa, quedó en nada cuando, a raíz de la crisis de 2008, los diferentes gobiernos neoliberales decidieron aplicar la tisora y levantar un muro en torno al que tendría que ser un derecho universal: la educación. Las tasas universitarias, aquellas que recaen directamente sobre el alumno en concepto de matrícula, subieron hasta un 68% más; la inversión pública en los centros de estudios superiores cayó en un 32% y hoy todavía no se ha recuperado.
De la tisora a la soberanía
Consecuencia directa, sumada la aplicación del Pla Bolonia y las dificultades que se derivan como no poder compaginar estudios y trabajo, es la caída porcentual en el número de estudiantes que eligen la universidad un golpe finalizados los estudios previos. Así también, encontramos que Cataluña logra unos precios de matriculación de 2131€, el doble que la media del Estado, cayendo en el ranking general de alumnos inscritos en todos los cursos.
Sin embargo, la movilización estudiantil ha aportado propuestas que, desde la izquierda, se han transformado en acciones parlamentarias. Varios golpes se ha votado favorablemente a una reducción del 30% de las tasas, pero ningún gobierno ha acabado aplicando la medida. Ni siquiera ahora, cuando el gobierno se autodenomina «efectivo» se ha hecho nada para aportar una solución. Quizás la efectividad de un gobierno no tendría que medirse en quién o en cuántas sillas se ocupan, sino al llevar a cabo las medidas aprobadas por un parlamento soberano.
Qué podemos hacer desde Mataró?
Desde la CUP lo tenemos claro: sumarnos al nuevo embate que supone la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la rebaja de los precios universitarios. Primero, porque no hay propuesta más soberana que la que viene directamente de la base, del pueblo. Y, segundo, para garantizar que la educación —a todos los niveles— sea un derecho universal, garantizando la igualdad de oportunidades. Por eso, proponemos que el pleno del Ayuntamiento apoye a la propuesta y traslade esta decisión a los promotores de la ILP y a la Generalitat.
Este es un paso básico para andar hacia un servicio realmente público y de calidad, imprescindible e inaplazable para todas las estudiantes afectadas, con quienes nos solidarizamos.