Una cuarentena de comerciantes se han concentrado esta tarde ante el Ayuntamiento, donde se estaba celebrando el pleno de aprobación de los presupuestos, para protestar por la nueva normativa que regula la recogida de residuos comerciales. Con esta protesta, los comerciantes, aglutinados bajo el nombre de "Comisión de coordinación de entidades contra las nuevas tarifas de recogida de basura comercial" han querido también manifestar el malestar y la incertidumbre el nuevo servicio de recogida que el Ayuntamiento pondrá en marcha el cercano 7 de enero.
Los manifestantes, que han llamado consignas como por ejemplo no a la tasa de escombreries, consideran que las tarifas del nuevo servicio municipal son abusivas y que incluso puede hacer que muchos pequeños comercios tengan que cerrar. Este comerciantes creen que los criterios según los cuales se fijan estas tarifas son desproporcionados: el baremo se ha hecho fatal, no puede ser que una tienda de 50 m2 tenga que pagar el mismo que una de 400 m2, denunciaba el representante de los comerciantes de Rocafonda, Sebastián Romero. Con la nueva normativa los comerciantes han visto como el coste de la recogida no sólo se los dobla o triplica sino que, en algunos casos, se llega a multiplicar por siete. Así, la propietaria de una forneria que hasta ahora pagaba 109 euros por la recogida de sus residuos, ahora tendrá que pagar 1188, mientras que un restaranta de 120m2 pasará de pagar 350 euros a 3300.
Los manifestantes reclaman que se establezcan unos criterios más justos y equitativos y, por este motivo, han pedido en el gobierno municipal que establezca un periodo de consulta y de información hasta finales de febrero del 2005 que permita estudiar y resolver los problemas de aplicación del servicio. Queremos evitar que esto se convierta en un mercado, donde todo el mundo vaya a negociar sus precios de forma individual. Queremos que se apliquen unos criterios buenos para todo el mundo y que se haga una planificación coherente, ha declarado el portavoz de la comisión, Juan Carlos Ferrando. Los comerciantes también han pedido que las nuevas tasas no se apliquen hasta que haya acabado este periodo.
Ampliación del plazo Los portavoces de la comisión habían pedido un turno de palabra al pleno que los ha sido denegado en no estar legalmente constituits como asociación, tal y como estipulga el Reglamento Òrganic Municipal. Así lo ha explicado el alcalde, Joan Antoni Baron, al inicio del pleno. Baron también ha explicado que, a través de un decreto de alcaldía se ha decidido ampliado hasta el 31 de diciembre el plazo para la presentación de las declaraciones, que inicialmente finalizaba el pasado día 17.
Aún así, los comerciantes consideran que este plazo tiene que ser más amplio y así le han hecho saber en el gobierno municipal en una reunión entre los portavoces de la comisión y los regidores de Servicios Francesc Melero y de promoción económica, Toni Civit. El encuentro ha tenido lugar después del pleno de los presupuestos, cuando pasaban las nueve y media de la noche. En esta reunión, que ha durado poco menos de media hora, se ha acordado celebrar, el próximo día 29 de diciembre, una reunión informativa abierta a todos los afectados en la que se informará sobre el nuevo servicio de recogida comercial.
Los manifestantes, que han llamado consignas como por ejemplo no a la tasa de escombreries, consideran que las tarifas del nuevo servicio municipal son abusivas y que incluso puede hacer que muchos pequeños comercios tengan que cerrar. Este comerciantes creen que los criterios según los cuales se fijan estas tarifas son desproporcionados: el baremo se ha hecho fatal, no puede ser que una tienda de 50 m2 tenga que pagar el mismo que una de 400 m2, denunciaba el representante de los comerciantes de Rocafonda, Sebastián Romero. Con la nueva normativa los comerciantes han visto como el coste de la recogida no sólo se los dobla o triplica sino que, en algunos casos, se llega a multiplicar por siete. Así, la propietaria de una forneria que hasta ahora pagaba 109 euros por la recogida de sus residuos, ahora tendrá que pagar 1188, mientras que un restaranta de 120m2 pasará de pagar 350 euros a 3300.
Los manifestantes reclaman que se establezcan unos criterios más justos y equitativos y, por este motivo, han pedido en el gobierno municipal que establezca un periodo de consulta y de información hasta finales de febrero del 2005 que permita estudiar y resolver los problemas de aplicación del servicio. Queremos evitar que esto se convierta en un mercado, donde todo el mundo vaya a negociar sus precios de forma individual. Queremos que se apliquen unos criterios buenos para todo el mundo y que se haga una planificación coherente, ha declarado el portavoz de la comisión, Juan Carlos Ferrando. Los comerciantes también han pedido que las nuevas tasas no se apliquen hasta que haya acabado este periodo.
Ampliación del plazo Los portavoces de la comisión habían pedido un turno de palabra al pleno que los ha sido denegado en no estar legalmente constituits como asociación, tal y como estipulga el Reglamento Òrganic Municipal. Así lo ha explicado el alcalde, Joan Antoni Baron, al inicio del pleno. Baron también ha explicado que, a través de un decreto de alcaldía se ha decidido ampliado hasta el 31 de diciembre el plazo para la presentación de las declaraciones, que inicialmente finalizaba el pasado día 17.
Aún así, los comerciantes consideran que este plazo tiene que ser más amplio y así le han hecho saber en el gobierno municipal en una reunión entre los portavoces de la comisión y los regidores de Servicios Francesc Melero y de promoción económica, Toni Civit. El encuentro ha tenido lugar después del pleno de los presupuestos, cuando pasaban las nueve y media de la noche. En esta reunión, que ha durado poco menos de media hora, se ha acordado celebrar, el próximo día 29 de diciembre, una reunión informativa abierta a todos los afectados en la que se informará sobre el nuevo servicio de recogida comercial.