El pasado 10 de marzo, Promontoria Coliseum Real State nos llevó a juicio porque prefiere cerrar el piso donde vivimos mi familia y yo desde hace 24 años. Un piso por el cual firmamos un contrato de alquiler social fruto de una dación en pago y una negociación con el Banco de Sabadell. Después llegaron las notificaciones y los acosos telefónicos, postales e incluso por mensajes de WhatsApp, cuando la obligación de la propiedad era ofrecer un alquiler social adaptado a las circunstancias particulares, obligación que nunca hemos rehuido y siempre hemos reclamado.
El día 17 de julio recibimos la noticia de que la jueza ha fallado a nuestro favor por una serie de tecnicismos que ni entiendo ni quiero entender, abriendo tres escenarios posibles.
Escenario 1.
La propiedad acepta la sentencia y abre la puerta a una nueva demanda, esta vez sin la obligación de negociar un alquiler social, ya que la ley catalana actual, mutilada por la justicia española, ya no lo prevé como requisito, y con una posible reclamación de las rentas no cobradas en estos meses. Una reacción por parte de la propiedad que provoca incertidumbre y angustia en quien no ve luz al final de este túnel de despropósitos.
Escenario 2.
La propiedad recurre la sentencia y lleva la ‘causa’ a la Audiencia Provincial de Barcelona, con un final incierto que deja abierta la puerta a la angustia y el sufrimiento, tal vez con unos plazos más dilatados en el tiempo, pero con la amenaza de acabar en la calle vigente y presente en el día a día.
Escenario 3.
Una propuesta que quedaría fuera de la vía judicial. Una oferta económica para marcharnos de nuestra casa, pero que no garantiza el acceso a otro lugar donde vivir, que viendo las dinámicas del mercado, se escapa de las posibilidades de lo que podemos pagar. Una vía que se agota sola y que abre la puerta a volver al escenario 1.
[La propiedad ha elegido el escenario 2]
Puede parecer que la sentencia del juzgado de Mataró es una victoria. Pienso que no lo es, ya que no ofrece ninguna solución a un problema cada vez más generalizado en un modelo de sociedad que convierte en oficio la especulación de un derecho recogido en una vieja constitución, pero que en ningún momento se ha garantizado, ya que los intereses privados pasan por encima de los derechos de la ciudadanía.[banner-AMP_5]
Solucionar el problema del acceso a una vivienda digna pasa, creo, por una política valiente que no proteja a rentistas profesionales ni fondos especuladores que buscan enriquecerse a costa de quienes estamos privados de un derecho fundamental recogido en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otra falta de medios de subsistencia fuera de su voluntad.”[banner-AMP_6]
Eduard Farinyes