El dramático caso vivido en Reus, donde una abuela murió en casa suya por un incendio provocado por una de las velas que tenía encendidas por falta de suministro de luz, ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la pobreza energética en Cataluña. Algo del cual Mataró no es paso ajeno. El número de ayudas económicas que tramita el Ayuntamiento para permitir los suministros básicos a hogares que no se los pueden pagar supera el millar, cifras que demuestran las dificultades económicas que atraviesan muchas familias de la ciudad.
Durante este 2016, hasta el 31 de octubre, el Ayuntamiento ha tramitado 884 ayudas económicas en concepto de suministros básicos del hogar para un total de 542 familias, por un importe de 45.000 euros. El año pasado fueron un total 1.145 ayudas, 173 menos que al 2014, cuando se hicieron 1.318 para un total de 778 familias. Son datos facilitados por Servicios Sociales del Ayuntamiento, que actúa en estos casos en base a la ley aprobada el año pasado por el Parlamento de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Un marco legal que ha generado fuerza polémica a raíz del caso de Reos por el conflicto entre la Generalitat, el Ayuntamiento de la capital del Baix Camp y Gas Natural sobre quién fue el responsable que se cortara el suministro al hogar de la víctima.
Obligadas a suministrar
Según esta Ley 24/2015, las administraciones tienen que garantizar el mantenimiento de los suministros básicos a las personas en riesgo de exclusión social. Porque sean consideradas dentro de esta categoría, la legislación marca que las familias tienen que tener ingresos inferiores a 1138 euros mensuales y 15.935 euros anuales. Son los datos que corresponden a dos veces la IRSC, el Indicador de Renta de Suficiencia, establecido en 2015 por la Generalitat en 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales. Si se trata de personas que viven solas, se tiene que multiplicar la IRSC por 2,5, y por 3 en las personas con discapacitado o con gran dependencia.
El protocolo de actuación
Ante una situación de impago, las empresas energéticas están obligadas a pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos si el cliente tiene el certificado de riesgo de exclusión social, que los consistorios elaboran después de haber contactado con el abonado porque le facilite la documentación necesaria que acredite su situación socioeconómica precaria. Desde la entrada en vigor de la ley Mataró ha elaborado 432 informes de exclusión residencial.