Los grafiteros que actúan sobre trenes como los que han sido recientemente vandalizados en Mataró podrían afrontar pronto multas de hasta 900.000 euros. El Govern de la Generalitat quiere endurecer el régimen sancionador para combatir el vandalismo en los trenes de Rodalies, un fenómeno que en el Maresme tiene episodios recientes muy visibles.
El último caso se ha producido este mes de marzo, cuando uno de los nuevos trenes de FGC en pruebas para conectar Barcelona con el aeropuerto del Prat ha aparecido completamente lleno de pintadas en los talleres de Renfe de Mataró. El convoy, estacionado al aire libre, ha sido vandalizado de arriba abajo y las pintadas son visibles desde los trenes de la línea R1.
No es un hecho aislado. Hace menos de un año, varios convoyes de Rodalies de dos pisos, también en fase de pruebas, sufrieron el mismo destino en la capital del Maresme. Durante meses, estos trenes permanecieron con grafitis, reforzando la imagen de Mataró como un punto especialmente vulnerable al vandalismo ferroviario.
Ante esta realidad, el Gobierno ha decidido subir el tono. La propuesta de modificación de la normativa ferroviaria prevé sanciones mucho más duras para los actos incívicos. Las pintadas que afecten trenes o infraestructuras y alteren el servicio pasarán a considerarse infracciones graves, con multas de entre 18.000 y 90.000 euros.
En los casos más extremos, sin embargo, las sanciones pueden escalar mucho más. Las infracciones muy graves —cuando hay una afectación importante al servicio público— se castigarán con multas de entre 90.000 y 900.000 euros.
La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha sido contundente sobre el mensaje que se quiere enviar: “No podemos permitir más actos vandálicos en Cataluña en el ámbito ferroviario”, y ha remarcado que estos hechos “son la causa de un porcentaje no menor de incidencias” y tienen una afectación directa sobre un servicio esencial.
Uno de los trenes en pruebas de FGC en el aeropuerto, vandalizado en Mataró. Foto: R. Gallofré
Paneque también ha insistido en que la reforma busca acabar con la sensación de permisividad: “el mensaje es de no impunidad”, en referencia a unos comportamientos que hasta ahora a menudo quedaban sin consecuencias lo suficientemente disuasorias.
El coste económico del problema es muy elevado. Solo en el año 2023, la limpieza de grafitis en los trenes en Cataluña costó 11,6 millones de euros, es decir, unos 32.000 euros diarios. Además, se registraron miles de intrusiones en instalaciones ferroviarias y más de 70.000 metros cuadrados de superficies pintadas.
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