Los problemas de acceso a la vivienda se han convertido en uno de los principales focos de atención en la campaña electoral del 28-M, con múltiples prometidas de nuevos pisos de alquiler social y de presión a los grandes propietarios, por parte de las diferentes administraciones y de las candidaturas municipales. Ahora ha sido el Departamento de empresa y Trabajo quien se suma en la casa.
A través de la Agencia Catalana del Consumo, el departamento de la Generalitat mantiene abiertos 23 expedientes sancionadores a grandes propietarios de Mataró para no ofrecer alquiler social. Desde enero de este año ha abierto 353 expedientes nuevos a la demarcación de Barcelona. Desde el 2019 se han resuelto 91 expedientes sancionadores a Cataluña por unos 30.000 euros cada uno, una cifra que suma un total de 2.250.000 euros en sanciones.
Estas cifras son resultado del programa que impulsó el Departamento para garantizar la protección de las personas en situación de emergencia habitacional. "El objetivo final no es sancionar sino que se cumpla la ley", ha apuntado el consejero de empresa y Trabajo, Roger Torrent, este jueves por la mañana después de una reunión de seguimiento con el director de Consumo, Albert Melià.
A día de hoy, al conjunto de la demarcación se han cobrado una veintena de expedientes sancionados, unos 205.000 euros, muchos de ellos procesos no resueltos donde se ha aplicado un descuento al importe final. "Se tiene que ver cómo evolucionan los 353 expedientes abiertos", ha afirmado Torrente, que ha explicado que algunos están en procesos judiciales, y uno ha llegado al contencioso. "El objetivo final no es recaudatorio, es que se ofrezca un alquiler social", ha reiterado. El Gobierno destinará 1.499.026 euros en los dos años de duración del programa.
La Generalitat aumenta las inspecciones a grandes tenedores. Foto: ACN
El consejero de empresa y Trabajo ha afirmado que en el que va de 2023 se han multiplicado por cinco las inspecciones del año anterior llegando a un total de 458 inspecciones gracias a la contratación de 19 profesionales dedicados a velar por el cumplimiento del programa. En este sentido, Torrente ha valorado los resultados de "positivos" y ha asegurado que seguirán trabajando en la misma línea.[banner-AMP_5]
En cuanto al proceso de tramitación, el director de Consumo, Albert Melià, ha explicado que se trata de expedientes ordinarios de unos 12 meses de duración que se pueden alargar por alegaciones. La mayoría de casos salen de la Agencia de la Vivienda, que negocia con los grandes tenedores para exigir un alquiler social antes de ser expedientats. "Cuando nos remiten que no se cumple la normativa, iniciamos las actuaciones nosotros", ha añadido Melià.[banner-AMP_6]
"Estamos en fase inicial, pero estamos seguros que el número de expedientes resueltos se incrementará", ha añadido Melià, que ha señalado que son 13 los grandes tenedores que acaparan la mayoría de las sanciones. Hasta ahora, el anonimato de los expedientats estaba garantizado, pero a partir de este mes de mayo las resoluciones se publicarán con el nombre de los infractores.[banner-AMP_7]
El Programa tiene competencias sobre los municipios de la demarcación de Barcelona a excepción de Barcelona y Préstamo. Actualmente donde hay más expedientes sancionadores abiertos es a l'Hospitalet de Llobregat, donde hay 37. A Badalona hay 33; a Terraza y Sabadell, 30; a Santa Coloma de Gramenet, 29; y a Mataró, 23.