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Xavier Safont-Elige

No pagaremos su crisis!

El año 2010 ha consolidado los ataques contra los derechos sociales, laborales y nacionales. Después de muchos años viviendo del crecimiento especulativo, el Ayuntamiento se encuentra en una situación financiera crítica. Esto se ha traducido en una pésima coyuntura socioeconómica, marcada por la dificultades con que se encuentran muchas familias y las 12.456 personas sin trabajo (casi el 20% de la población activa) que hay en nuestra ciudad.

El PSC, con la colaboración de ICV-EUiA y ERC, gobierna la ciudad sin norte, las irregularidades y carencia de diálogo los deja pendientes de la decisión de un juez y una multinacional como El Corte Inglés, a la vez que nos pide fe ciega en el Tecnocampus, continúa implantando un modelo de ciudad basado en la degradación del territorio con los laterales de la autopista sin una apuesta decidida por el transporte público como alternativa por la movilidad y la potenciación del comercio local. El Ordenanza de Civismo usada para reprimir los colectivos críticos, y las multas de tráfico draconianes enseñan la poteta del lobo.

Nosotros discrepamos. La gente necesitamos poder vivir y trabajar con calidad en Mataró, con más cultura participativa y no políticas de segunda. Mataró necesita impulsar una economía productiva de proximidad, eficiente y socialmente más responsable que el modelo de las grandes multinacionales o superficies. Mataró necesita más transporte público y no más carreteras. Mataró necesita valoritzar y preservar el territorio, empezando por el espacio agrario de las Cinco Sènies y el frente marítimo.

Por suerte no estamos sólo. A lo largo de 2010 Mataró la movilización ciudadana ha logrado hitos importantes. La primera, la celebración de la consulta sobre la independencia, que fue un éxito organizativo, con la participación de 23.000 mataronines, y que mostró un importante aumento de la conciencia independentista. La segunda, la multitudinaria manifestación y tractorada contra la construcción de los laterales a la C-32, que ha reabierto el debate sobre el peaje y ha destapado los intereses políticos hacia las grandes constructoras.