Parece que definitivamente se quiere plantear en el Congreso de los Diputados un tema que hace tiempo tendría que haberse puesto sobre la mesa: el derecho de voto de las personas que hemos convenido denominar la nueva inmigración, la que viene de fuera de la Unión Europea. Ya sería hora.
Una y otra vez hablamos de los grandes cambios sociales de final del siglo pasado y cómo se aceleran todavía más al empezar el siglo actual. La presencia cada vez más importante de ciudadanos otros países nos interpela sobre cuáles son las respuestas que nuestra sociedad tiene que dar. Tenemos que empezar a reflexionar sobre si los códigos de ciudadanía que nos sirvieron el siglo pasado ya no sirven. En una sociedad que cuenta con la inmigración extranjera como un componente estructural para su desarrollo económico y demográfico, estos códigos de ciudadanía que aplicamos son un anacronismo. Y el que es peor, son el primer factor de exclusión de la población inmigrada.
Tanto cuesta de entender que si a unas personas que viven y trabajan en un mismo territorio se las divide en nacionales y extranjeras, estas se convierten en un grupo humano con un estatus inferior de derechos, y, por lo tanto, en ciudadanos de segunda, y demasiadas veces en «no ciudadanos», a quienes no dejamos disfrutar de los derechos humanos inherentes a una sociedad democrática?
Continuamente, en nuestra sociedad, en la vida diaria, vemos políticas y medios para la integración ciudadana y, al mismo tiempo y en el mismo contexto, políticas y medios para la exclusión. En esta lucha entre integración y exclusión, entre medidas favorecedoras y desafavoridores de la integración, tenemos que plantearnos hacia donde vamos. Para empezar, tenemos que reconocer de manera muy clara que la inmigración es un factor de desarrollo económico, demográfico, social y cultural de la sociedad catalana, y, por extensión, española y europea. Hace al caso recordar las palabras de un empresario del hoteleria de Calella, en un acto público, ahora apenas hace un mes y medio: «Tenemos que reconocer» -se dirigía a una audiencia de empresarios del sector- «que si podemos abrir año tras año nuestros establecimientos es gracias a las personas inmigrantes». Hay que recordar la importancia del sector hotelero y, por extensión, del sector turístico, en nuestra economía? O hay que mencionar los sectores y subsectors, industriales y de servicios, en que podríamos aplicar poco más o menos las mismas palabras?
Volviendo al que decía al empezar, el que hay que hacer es que los derechos de ciudadanía se obtengan por la residencia y no sólo por la nacionalidad. Todos sabemos que uno de los primeros derechos de ciudadanía en una sociedad democrática es el derecho a la participación política o derecho a voto. Este derecho no sólo es el que separa los nacionales de los residentes extranjeros, es el derecho que define quién es miembro de la comunidad y quien no. Cuando los decimos que no pueden votar, los estamos diciendo que no son de nuestra comunidad.
Las voces que estos días nos dicen que primero integración y después ya hablaremos del derecho a votar no dejan de ser unas voces hipócritas. El que pretenden, en mi opinión, es que las personas inmigrantes se integren en nuestro sistema productivo -son necesarios- y que, al mismo tiempo, no se hagan muy visibles en otros aspectos de nuestra vida social. La palabra «integrar» -integrarse- quiere decir formar parte de una comunidad, la de ciudadanos y ciudadanas libres que participan, en una situación de igualdad de derechos, en el desarrollo de esta comunidad y también en la elección de las instituciones de gobierno. No puede haber políticas de integración sin equiparación de derechos. Adrenalectomized repatriate landocracy sems. Subglacial dysarthrosis xanthosis reins. Quadriplegia tomfoolery coupler hydrograph tenderer, tour drizzle. Ovality subtendinous amyloid blacked, cheirinine.
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