Los propietarios y afectados por el proyecto de Ronda Barceló insisten al protestar por el exceso de cargas urbanísticas a las cuales tendrán que hacer frente a medio plazo. Estos propietarios, constituidos en asociación para defender sus intereses comunes, advierten que en la situación de crisis económica, que afecta especialmente al sector inmobiliario, resulta muy difícil "encontrar una salida", según explica su representante legal, la abogada Montse Rodríguez.
El gobierno acaba de anunciar una modificación en la reparcelación del sector para poderlos desarrollar en dos ritmos, evitar los efectos de la crisis y garantizar que salga adelante tanto la construcción del Corte Inglès cómo de Torre Barceló. Por eso, el sector discontinuo previsto inicialmente –que incluía ronda Barceló y la isla de Can Fàbregas- se ha dividido en dos polígonos que dejan para una segunda fase sin fecha prevista el desarrollo de la isla comprendida entre el Camino real y la calle Méndez Núñez. Al resto del sector, que incluye la isla de Can Fàbregas y la parte baja de la ronda, se empezará a trabajar el próximo año con el inicio de los escombros de parte de las edificaciones existentes. Los propietarios del sector afectados se oponen a estos escombros y al pago de las cargas urbanísticas a corto o medio plazo.
En cuanto al resto de propietarios que no se ven afectados por los escombros, estos piden que el Ayuntamiento los conceda licencias de actividad. Actualmente, explica Montse Rodríguez, estos propietarios no pueden conseguir estas licencias por la afectación urbanística del sector, una situación que "los obliga a dejar obsoletas sus propiedades". La asociación confía que el gobierno tenga en cuenta estas demandas y se pueda llegar a soluciones que permitan "compatibilizar los proyectos de ciudad sin perjudicar los particulares", según concluye Rodríguez.
El gobierno acaba de anunciar una modificación en la reparcelación del sector para poderlos desarrollar en dos ritmos, evitar los efectos de la crisis y garantizar que salga adelante tanto la construcción del Corte Inglès cómo de Torre Barceló. Por eso, el sector discontinuo previsto inicialmente –que incluía ronda Barceló y la isla de Can Fàbregas- se ha dividido en dos polígonos que dejan para una segunda fase sin fecha prevista el desarrollo de la isla comprendida entre el Camino real y la calle Méndez Núñez. Al resto del sector, que incluye la isla de Can Fàbregas y la parte baja de la ronda, se empezará a trabajar el próximo año con el inicio de los escombros de parte de las edificaciones existentes. Los propietarios del sector afectados se oponen a estos escombros y al pago de las cargas urbanísticas a corto o medio plazo.
En cuanto al resto de propietarios que no se ven afectados por los escombros, estos piden que el Ayuntamiento los conceda licencias de actividad. Actualmente, explica Montse Rodríguez, estos propietarios no pueden conseguir estas licencias por la afectación urbanística del sector, una situación que "los obliga a dejar obsoletas sus propiedades". La asociación confía que el gobierno tenga en cuenta estas demandas y se pueda llegar a soluciones que permitan "compatibilizar los proyectos de ciudad sin perjudicar los particulares", según concluye Rodríguez.