Regina, madre de tres hijos y víctima de violencia de género, se encuentra a punto de ser desahuciada del piso donde vive en el barrio de Rocafonda, según ha informado el Sindicato de Vivienda de Mataró. Su situación es especialmente grave, ya que tiene a su cargo a sus tres hijos, un menor, su madre de 78 años y su hermana con Síndrome de Down.
Según el Sindicato, Regina compró la vivienda hace 25 años, pero después de la crisis de 2008 y un divorcio por violencia de género, perdió la capacidad de pagar la hipoteca. El banco le ofreció un alquiler social, que le permitió quedarse en la vivienda después de la ejecución hipotecaria. Posteriormente, el piso fue vendido al fondo buitre Divarian, vinculado al gigante financiero norteamericano Cerberus, conocido por comprar “activos tóxicos” procedentes de la crisis hipotecaria, principalmente del BBVA.
A pesar de haber pagado siempre el alquiler puntualmente, tan pronto como finalizó el contrato, el fondo se negó a renovarlo. Según explican desde el Sindicato de Vivienda, esta es una práctica habitual de los fondos buitres, y no es el primer caso en Mataró. Recuerdan especialmente el caso de la Soledad, madre e hija con discapacidad desahuciadas en el barrio de Cerdanyola el pasado 28 de octubre, después de que un fondo buitre rechazara renovar su alquiler social, un desahucio que se hizo efectivo con un amplio dispositivo de la BRIMO de los Mossos d’Esquadra y protestas vecinales convocadas por el Sindicato.
Regina trabaja en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Mataró con salario mínimo, pero los precios históricos de la vivienda en la ciudad le impiden encontrar una alternativa digna. Servicios Sociales le ha ofrecido inscribirse en la mesa de emergencia y en la lista de pisos de protección oficial, pero desde el Sindicato consideran que estas opciones son irreales, ya que las listas están desbordadas y la familia podría acabar en la calle.
El Sindicato de Vivienda de Mataró alerta que los desahucios en la ciudad han aumentado desde la creación de una comitiva judicial especializada en lanzamientos, que actúa con mucha dureza tanto en casos de ocupación como de impago o finalización de contrato. Por este motivo, han convocado una concentración a pie de calle para intentar detener el desahucio previsto para el 21 de enero.
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