El incendio a un piso de la calle Floridablanca 16, que se produjo lunes por la mañana, ha puesto de manifiesto el estado deplorable de toda la finca y la precariedad con la que viven sus residentes. El fuego quemó una habitación de uno de las viviendas y obligó a desalojar por precaución todo el vecindario. El mismo que ya hace meses que denuncia que los pisos, un total de 16, sueño inhabitables e insalubrees por la carencia de mantenimiento que hizo el antiguo propietario, a quien acusan de mobbing inmobiliario. El Ayuntamiento conoce el caso, muy rocambolesc, y está mirando de ayudar a los vecinos, pero avisa que es un conflicto privado y que es muy difícil actuar directamente.
Denuncia que los pisos, un total de 16, sueño inhabitables e insalubrees por la carencia de mantenimiento que hace el actual propietario
La Plataforma Anticrisis de Mataró (PEC), que saca a la luz casos de emergencia habitacional, es quien ha alertado de la situación. Según explican, ahora hace un par de meses ocho familias que viven en este edificio se presentaron a una de las asambleas de la entidad para denunciar el estado en el que vivían. Los vecinos y vecinas explicaron que residen en este edificio desde hace 35 años y que pagan cada mes el alquiler (a pesar de que desde el consistorio apuntan que puede haber irregularidades y "casuísticas diversas" en estos contratos). En los últimos año, alertaron, el estado de la finca ha ido empeorando a marchas forzadas.
Viviendas de 40m2
Según los locatarios, el origen del problema es que el antiguo propietario vendió el edificio después de haber coaccionado las families s porque marcharan del inmueble, "destrozando las zonas comunes y estela sin luz las escaleras arrancando las instalaciones". Tal y cómo se puede ver a las imágenes tomadas por la propia PEC la dejadez de las viviendas y de los espacios comunes es absoluta, cosa que hace que los pisos sean prácticamente inhabitables. Se trata de viviendas de 40m2 muy antiguos, y en uno de ellos vive una familia de tres adultos y 9 menores de edad, según la Plataforma, en condiciones paupérrimas.
Hace un año que las familias intentan buscar una solución a través de Servicios Sociales del Ayuntamiento. La PEC entró a registro una instancia a la regidora de Bienestar Social exponiendo la situación y pidiendo una solución inmediata por estas personas. El Ayuntamiento, según fuentes municipales, tiene constancia del caso desde hace un año, el febrero de 2016, cuando lo entonces propietario del inmueble, la empresa Crea Espacios Promociones SL, contacta con el servicio de Bienestar Social para notificar que el edificio sufría problemas estructurales y notifcar el estado en que vivían las familias. Este le pide un informe que lo verificara, y entonces el propietario los asegura que no puede hacerlo porque los vecinos le impedían el acceso a sus viviendas.
El Ayuntamiento requirió al antiguo propietario que arreglara algunos de los desperfectos y haz un informe estructural, pero se ha vendido el edificio a una inmobiliaria de Barcelona
El servicio de Apoyo a las Comunidades del Ayuntamiento convoca entonces los vecinos, que se comprometen a dejar entrar los técnicos para poder determinar el estado del edificio. También se detectan irregularidades en algunos de los contratos y se los ofrece asesoramiento desde el servicio de Salud y Consumo y desde Servicios Sociales. En paralelo técnicos del Servicio de Vivienda se personan al inmueble y detectan deficiencias en los espacios comunes, como por ejemplo problemas con la instalación eléctrica o una serie de obras inacabadas a la escalera. Desde Licencias abren un expediente disciplinario al propietario para reclamar que resuelva estos problemas y que aporte un estudio técnico estructural de las viviendas. Este presenta alegaciones y durante todo el 2016 no mueve un dedo para solucionar estas deficiencias, cosa que trae a la apertura de un expediente. Después de no atender los requerimientos se abrieron dos más para reclamarle.
La situación sigue enquistada hasta que hace unas semanas, el febrero pasado, cuatro familias residentes al bloque, acompañadas por representantes de la PEC, piden ser atendidos de nuevo por Bienestar Social. Resulta que en el transcurso del año anterior la propiedad del inmueble ha cambiado de manso: Crea se lo ha vendido a Metros Construïdos SL, una inmobiliaria barcelonesa, y el nuevo propietario ha iniciado un procedimiento judicial contra estas familias porque ha detectado que los contratos de alquiler firmados con el anterior propietario pueden ser irregulares. Los vecinos sospechan que los nuevos propietarios quieren, en realidad, construir en el espacio un nuevo edificio. Desde el consistorio se los ha aconsejado que busquen asesoramiento en el Colegio de Abogados, mientras que se reclama al nuevo propietario el mismo que el antiguo no ha cumplido.