Enel Ayuntamiento de Mataró le toca recortar y esto lo sabe todo el mundo: gobierno y oposición. Ya hace dos años que se remueven los presupuestos y organización en pro de una racionalización que ha dado sus frutos pero con algunas miques no hay bastante para llenar la pica. Hacen falta decisiones estratégicas y ya en la presentación del marco presupuestario por este 2021 los miembros del gobierno anunciaban que tocaba recortar el catálogo de servicios. Y ahora llega la hora de escoger por donde hacer pasar las tijeras. Del catálogo de servicios histórico del Ayuntamiento, incluidos los correspondientes en ámbitos que no son competencia municipal, ya ha trascendido por ejemplo la voluntad de transferir Miquel Biada a la Generalitat.
El Pleno de marzo validó la creación de una Comisión Informativa Especial "para la adecuación y sostenibilidad de la cartera de servicios y medidas de racionalización". Juan Carlos Jerez, regidor de administración y buen gobierno, es quien presidirá el nuevo órgano en el cual habrá representación ponderada de todos los grupos municipales. Según el Ayuntamiento será objetivo de la Comisión "el estudio y evaluación de la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento para la adecuación y sostenibilidad de la cartera de servicios y para llevar a cabo medidas de racionalización. Los objetivos serán la adopción de medidas que permitan incrementar ingresos, reducir gasto y optimizar y hacer más eficiente la organización".
Decisiones tomadas antes del próximo presupuesto
Las tareas de la comisión tendrían que finalizar antes del 15 de septiembre de 2021, de forma que sus conclusiones y recomendaciones, que se tomarán por consenso, se incorporen a la propuesta de anteproyecto de los presupuestos para 2022. En el presupuesto de 2020 y de 2021 del Ayuntamiento de Mataró ya se han aplicado las primeras medidas del Plan de racionalización, básicamente acciones de eficiencia y de contención del gasto, pero hay que seguir trabajando en esta línea para encarar con garantías los retos de los próximos años y continuar haciendo frente a los efectos de la pandemia.
Los ejercicios 2022 y 2023 se prevén especialmente complejos por los impactos económicos sobre la participación en los impuestos del Estado (PIE), que es el segundo ingreso en importancia desprendido del IBI y que se verá afectado cuando se conozcan las liquidaciones definitivas del año 2020 y 2021.