La empresa municipal de urbanismo PUMSA habría concedido viviendas de protección social a dedo, y entre los beneficiarios habría el hijo del exgerent de la empresa, César Fernández. Así lo asegura, como mínimo, la denuncia hecha por una extreballadora del organismo. Se trata de una abogada que fue despedida en el marco de la reestructuración de la empresa municipal, y que ahora ha comunicado los hechos a los actuales gerentes. La cuestión se hizo pública en el Consejo de Administración de Pumsa y en una Junta de Portavoces extraordinaria. Tanto el alcalde, Joan Mora, como los representantes de los diferentes grupos municipales acordaron que se investigaría a fondo.
La denuncia de la extreballadora no se ha concretado en ninguna acción judicial, sino que se trata de un correo electrónico enviado a los gerentes actuales de PUMSA -la regidora Montse Rodríguez, el coordinador de Servicios Territoriales, Lluís Berenguer, y el interventor municipal, Josep Canal- para ponerlos en conocimiento de los hechos. En este escrito se apunta al piso concedido al hijo de Fernández, y se añade que habría media docena de casos más. Según la denuncia, la empresa municipal habría hecho un uso indebido de la lista de espera para favorecer determinadas personas en las concesiones. En el caso del hijo del gerente, se trata de un piso de 40m2 al pasaje Fragata de Mataró, que se le habría concedido a finales del año 2013. El gobierno habría confirmado en el consejo de administración de PUMSA, según varias fuentes, que el hijo de Fernández no constaba en ninguna lista de espera cuando se le otorgó el piso.
Los hechos se pusieron sobre la mesa el pasado miércoles al Consejo de Administración de PUMSA y también ayer jueves en una Junta Extraordinaria de Portavoces. La noticia la ha avanzado este viernes Lavanguardia.com. El Ayuntamiento de momento no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos. Los representantes de los diferentes grupos municipales sí que lo han hecho, después de pedir en el Gobierno que se estudie el caso a fondo para depurar responsabilidades, y que el Secretario del Ayuntamiento elabore un informe sobre todo el asunto, para analizar si hay algún hecho delictivo.
La reacción de los grupos
Joan Antoni Baron (PSC) asegura que hay que "llegar al fondo de la cuestión, sin paliativos". "Desde la cautela, si el que se denuncia es cierto, esta práctica no es de recibo", afirma Baron, que se ha mostrado "muy sorprendido" por los hechos. "Nosotros teníamos plena confianza qué todo se hacía correctamente", constata en referencia a Fernández, que había sido designado gerente de PUMSA por el gobierno tripartito encabezado por el PSC.
"No sabemos si se ha cometido algún delito, pero es una vergüenza que pase esto cuando en Mataró hay gente joven que depende de la pensión de sus abuelos para comer", explica el líder del PP, José Manuel López. Según el portavoz popular, existe la sospecha que hay "más casos" que los que ya se han denunciado. Esteve Martínez (ICV-EUiA) señala la necesidad de poner "luz y taquígrafo" en todo este asunto. "Hemos exigido un informe profundo y absoluto para delimitar responsabilidades", constata.
La CUP, por su parte, ha emitido un comunicado donde consideran "escandaloso, poco ético y propio de un modus operandi mafioso el hecho que un directivo cargo de confianza del Ayuntamiento haya sacado provecho de recursos públicos en beneficio de su familia". La CUP reclama que el hijo de Fernández devuelva las claves de la vivienda y que devuelva en el Ayuntamiento y a la Generalitat la parte del alquiler subvencionada con dinero público.
La denuncia de la extreballadora no se ha concretado en ninguna acción judicial, sino que se trata de un correo electrónico enviado a los gerentes actuales de PUMSA -la regidora Montse Rodríguez, el coordinador de Servicios Territoriales, Lluís Berenguer, y el interventor municipal, Josep Canal- para ponerlos en conocimiento de los hechos. En este escrito se apunta al piso concedido al hijo de Fernández, y se añade que habría media docena de casos más. Según la denuncia, la empresa municipal habría hecho un uso indebido de la lista de espera para favorecer determinadas personas en las concesiones. En el caso del hijo del gerente, se trata de un piso de 40m2 al pasaje Fragata de Mataró, que se le habría concedido a finales del año 2013. El gobierno habría confirmado en el consejo de administración de PUMSA, según varias fuentes, que el hijo de Fernández no constaba en ninguna lista de espera cuando se le otorgó el piso.
Los hechos se pusieron sobre la mesa el pasado miércoles al Consejo de Administración de PUMSA y también ayer jueves en una Junta Extraordinaria de Portavoces. La noticia la ha avanzado este viernes Lavanguardia.com. El Ayuntamiento de momento no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos. Los representantes de los diferentes grupos municipales sí que lo han hecho, después de pedir en el Gobierno que se estudie el caso a fondo para depurar responsabilidades, y que el Secretario del Ayuntamiento elabore un informe sobre todo el asunto, para analizar si hay algún hecho delictivo.
La reacción de los grupos
Joan Antoni Baron (PSC) asegura que hay que "llegar al fondo de la cuestión, sin paliativos". "Desde la cautela, si el que se denuncia es cierto, esta práctica no es de recibo", afirma Baron, que se ha mostrado "muy sorprendido" por los hechos. "Nosotros teníamos plena confianza qué todo se hacía correctamente", constata en referencia a Fernández, que había sido designado gerente de PUMSA por el gobierno tripartito encabezado por el PSC.
"No sabemos si se ha cometido algún delito, pero es una vergüenza que pase esto cuando en Mataró hay gente joven que depende de la pensión de sus abuelos para comer", explica el líder del PP, José Manuel López. Según el portavoz popular, existe la sospecha que hay "más casos" que los que ya se han denunciado. Esteve Martínez (ICV-EUiA) señala la necesidad de poner "luz y taquígrafo" en todo este asunto. "Hemos exigido un informe profundo y absoluto para delimitar responsabilidades", constata.
La CUP, por su parte, ha emitido un comunicado donde consideran "escandaloso, poco ético y propio de un modus operandi mafioso el hecho que un directivo cargo de confianza del Ayuntamiento haya sacado provecho de recursos públicos en beneficio de su familia". La CUP reclama que el hijo de Fernández devuelva las claves de la vivienda y que devuelva en el Ayuntamiento y a la Generalitat la parte del alquiler subvencionada con dinero público.