Una quincena de personas viven como okupas en un edificio de viviendas a la calle Fray Luis de León. El inmueble fue construido en 2011 por una promotora que quebró. Las obras nunca se completaron al 100% y actualmente es propiedad del SAREB (el 'Banco malo') después de que el Banco Sabadell asumiera la propiedad de los corderos de la promotora. Desde entonces, ha sido okupat de manera irregular, y actualmente hay quince personas, incluidos tres menores, viviendo en sus siete viviendas. La amenaza de desahucio es inmediata y los afectados piden más tiempo para encontrar una vivienda alternativa. El Ayuntamiento es consciente del caso y apunta que se están estudiante alternativas para el realojo.
"Vine aquí el mes de octubre pasado, cuando me vi a punto de vivir en la calle" explica José Salvador, uno de los okupas de este inmueble. Al paro y sin recibir ninguna prestación, se vio obligado a encontrar una solución de urgencia Con dos personas más, que ya eran 'sin techo', buscaron edificios o espacios de la ciudad los sirvieran de cobijo, y encontraron este inmueble, en la calle Fray Luis de León 40-42. Se trata de un edificio de planta baja y dos pisos, con un total de siete viviendas. Casi nuevo de trinca, nunca ha sido habitado de manera legal. A pesar de que a primera vista no lo parece, la obra no está totalmente acabada, cosa que se hace patente especialmente en los bajos del edificio.
Salvador vive en uno de las viviendas de la primera planta, un dúplex con la cocina y el baño amueblados, que comparte con una mujer, Loli Bermúdez, y la hija de esta última, que tiene 14 años. "Al bloque hay dos menores más, que tienen unos dos o tres años", afirma Bermúdez. El piso donde viven está bastante muy mantenido, y como el resto de viviendas, tienen agua corriente (aseguran que pagan recibidos en Aguas de Busot de Mataró) y electricidad, en este caso robada. Salvador y Bermúdez son los miembros de esta comunidad que más se han movido a raíz de la amenaza de desalojo, yendo a buscar el apoyo de abogados y hablando directamente con la jueza que lleva el caso. "No nos pueden echar sin una sentencia firme, de un día por el otro", lamenta ella.
Amenaza de desalojo
Un auto del 6 de mayo del juzgado de instrucción numero 3 de Mataró acuerda la medida cautelar de desalojo de los ocupantes. En el recurso de reforma levantado por la abogada de oficio de Jose Salvador, se alega un informe de la Policía Local de 2011. En este documento, se señala que el edificio okupat es "una obra la cual hace tiempo que se encuentra parada" y donde se puede "acceder sin ningún tipo de problema". Se apunta que carecen los contadores definitivos (sólo hay un contador de obra), y las viviendas no disponen de cédula de habitabilidad. Además, faltan cierres y otros elementos de seguridad Se alega además que es una ocupación "no violenta".
Según el recurso, los actuales ocupantes incluso han hecho reparaciones en el inmueble, han arreglado las cerraduras, se hacen cargo del pago del suministro de agua, y han evitado viviendo al inmueble que se entrara a robar, presentando incluso denuncias a la policía por este motivo. Los abogados piden que no se actúe por la vía penal puesto que no se un caso grave y que se tendría que realizar por procedimiento civil. La primera fecha establecida para el desalojo era el pasado jueves, día 5, pero de momento este todavía no se ha producido.
El Ayuntamiento tiene constancia
Fuentes municipales apuntan que el Ayuntamiento tiene constancia de la presencia de okupas en este inmueble desde el año 2011, un hecho que la Policía Local ha verificado en varias ocasiones. Los Servicios Sociales del consistorio estudian cada caso, familia en familia, y constatan la presencia de tres menores entre la quincena de habitantes. Apuntan también que se está buscando una alternativa para el realojo de estas personas, pero que de momento no existe una solución inmediata. Además, señalan que no hay ninguno otro caso como este de un bloque de viviendas okupat entero.
"Vine aquí el mes de octubre pasado, cuando me vi a punto de vivir en la calle" explica José Salvador, uno de los okupas de este inmueble. Al paro y sin recibir ninguna prestación, se vio obligado a encontrar una solución de urgencia Con dos personas más, que ya eran 'sin techo', buscaron edificios o espacios de la ciudad los sirvieran de cobijo, y encontraron este inmueble, en la calle Fray Luis de León 40-42. Se trata de un edificio de planta baja y dos pisos, con un total de siete viviendas. Casi nuevo de trinca, nunca ha sido habitado de manera legal. A pesar de que a primera vista no lo parece, la obra no está totalmente acabada, cosa que se hace patente especialmente en los bajos del edificio.
Salvador vive en uno de las viviendas de la primera planta, un dúplex con la cocina y el baño amueblados, que comparte con una mujer, Loli Bermúdez, y la hija de esta última, que tiene 14 años. "Al bloque hay dos menores más, que tienen unos dos o tres años", afirma Bermúdez. El piso donde viven está bastante muy mantenido, y como el resto de viviendas, tienen agua corriente (aseguran que pagan recibidos en Aguas de Busot de Mataró) y electricidad, en este caso robada. Salvador y Bermúdez son los miembros de esta comunidad que más se han movido a raíz de la amenaza de desalojo, yendo a buscar el apoyo de abogados y hablando directamente con la jueza que lleva el caso. "No nos pueden echar sin una sentencia firme, de un día por el otro", lamenta ella.
Amenaza de desalojo
Un auto del 6 de mayo del juzgado de instrucción numero 3 de Mataró acuerda la medida cautelar de desalojo de los ocupantes. En el recurso de reforma levantado por la abogada de oficio de Jose Salvador, se alega un informe de la Policía Local de 2011. En este documento, se señala que el edificio okupat es "una obra la cual hace tiempo que se encuentra parada" y donde se puede "acceder sin ningún tipo de problema". Se apunta que carecen los contadores definitivos (sólo hay un contador de obra), y las viviendas no disponen de cédula de habitabilidad. Además, faltan cierres y otros elementos de seguridad Se alega además que es una ocupación "no violenta".
Según el recurso, los actuales ocupantes incluso han hecho reparaciones en el inmueble, han arreglado las cerraduras, se hacen cargo del pago del suministro de agua, y han evitado viviendo al inmueble que se entrara a robar, presentando incluso denuncias a la policía por este motivo. Los abogados piden que no se actúe por la vía penal puesto que no se un caso grave y que se tendría que realizar por procedimiento civil. La primera fecha establecida para el desalojo era el pasado jueves, día 5, pero de momento este todavía no se ha producido.
El Ayuntamiento tiene constancia
Fuentes municipales apuntan que el Ayuntamiento tiene constancia de la presencia de okupas en este inmueble desde el año 2011, un hecho que la Policía Local ha verificado en varias ocasiones. Los Servicios Sociales del consistorio estudian cada caso, familia en familia, y constatan la presencia de tres menores entre la quincena de habitantes. Apuntan también que se está buscando una alternativa para el realojo de estas personas, pero que de momento no existe una solución inmediata. Además, señalan que no hay ninguno otro caso como este de un bloque de viviendas okupat entero.