Cerca de una veintena de viviendas de los más de 90 que conforman los dos bloques de pisos de protección oficial que la Generalitat inauguró hace 6 años junto a Torre Llauder, en el Plan de en Boet, están ocupados ilegalmente. Algunos de los residentes irregulares de estos pisos, además, son violentos, realizan actividades delictivas e imposibiliten que el resto pueda vivir con tranquilidad, según han denunciado reiteradamente los vecinos. La situación ha llegado a un punto de no regreso este verano y, ante las protestas vecinales, la Generalitat y el Ayuntamiento han tomado cartas en el asunto para intentar desalojar los vecinos conflictivos.
Los pisos, de poco más de 50m2, se inauguraron ahora hace seis años en la calle Sant Cugat, a tocar de Torre Llauder y de la comisaría de los Mossos d'Esquadra. Eran viviendas pensadas especialmente para facilitar la emancipación de los jóvenes, sin poder adquisitivo para adquirir un piso al mercado libre. Pero con el paso de los años la situación en estos dos inmuebles se ha ido deteriorando. Los pisos que habían ido quedando vacíos han sido ocupados de manera ilegal. En algunos casos por de familias en una situación social muy complicada, que se habían encontrado sin techo. Pero en otros, por personas que generan graves problemas de convivencia porque, tal y cómo constatan los vecinos –a pesar de que no se atreven a hacerlo públicamente por miedo a represalias-, llevan a cabo varias actividades delictivas, como por ejemplo tráfico de drogas. También se han producido robos a trasteros y amenazas a los vecinos que han querido denunciarlo a la policía.
Este martes el Ayuntamiento se ha reunido con representantes de Adigsa, vecinos y cuerpos de seguridad. En una rueda de prensa posterior, el alcalde David Boto y la regidora de Vía Pública, Núria Moreno, han explicado que el consistorio ha reclamado a la Generalitat "busque inmediatamente una solución". Desde hace una semana Adigsa ha puesto seguridad privada las 24 horas al inmueble. Los vigilantes están coordinados con cada turno de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local. Hoy, además, se ha acordado crear una mesa de col•laboració en la cual la regidora de Vivienda, Isabel Martínez, hará de portavoz del Ayuntamiento. "El objetivo es echar el más bien posible las personas que ocupan ilegalmente estos pisos", ha dicho Boto. Se analizará, pero, caso por caso, para distinguir entre las familias con necesidades sociales y los individuos que ocupan los pisos con finalidades delictivas. Durante la reunión también se ha acordado que hay que tomar medidas porque, un golpe resuelta la situación actual, esta no se vuelva a producir en el futuro con nuevas ocupaciones.
En manso de la justicia
Sea como fuere, la cuestión está sobre todo en manso de la justicia. Actualmente hay 13 procedimientos abiertos por la vía civil que tienen que desembocar en desalojos, y tres más por la vía penal, por "usurpación" de las viviendas. Ante esta situación, los vecinos no han salido mucho satisfechos de la reunión mantenida hoy, puesto que esperaban soluciones más concretas por parte de Adigsa. El representante de la asociación de vecinos del Plan de en Boet, Adolfo Pérez Merchán, ha lamentado que la situación se arrastra "desde hace dos años" y que hasta ahora "nadie" ha puesto remedio. "Hemos exigido a la Generalitat que se solucione, y si no nos hacen caso actuaremos en consecuencia", ha advertido Pérez Merchán, que a pesar de todo ha querido indicar que el Plan de en Boet es un barrio "tranquilo", y que los conflictos se inscriben tan sólo en este inmueble en concreto.
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