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Redacció / ACN

Regularización de medio millón de inmigrantes: el gobierno defiende su impacto económico

Las solicitudes se tramitarán de forma exprés entre abril y el 30 de junio. El acuerdo se ha gestado entre el PSOE y Podemos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes la regularización extraordinaria para personas extranjeras que aprobará el Consejo de Ministros. Según los cálculos del gobierno español, la medida beneficiará medio millón de personas que ya se encuentran en el Estado y generará un impacto positivo para la economía. El objetivo del ejecutivo es que las solicitudes se tramiten a partir de abril y hasta finales de junio, en un plazo máximo de tres meses.

En una entrevista a TVE, Saiz ha afirmado que hoy es un "día histórico" en que empieza un proceso "muy trabajado" porque al mes de abril se puedan iniciar de facto todas las solicitudes de manera "ágil y eficaz"."El que estamos haciendo es reconocer, dignificar y dar garantías a personas que ya se encuentran en nuestro país", ha afirmado.

La medida permitirá otorgar la residencia a personas que puedan demostrar presencia a España cinco meses antes del 31 de diciembre del 2025 vía empadronamientos, informes médicos, contratos de luz o certificados de envío de dinero, entre otros.La admisión a trámite de la solicitud ya dará autorización provisional de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno. Así, estas personas "ya podrán trabajar a cualquier sector y lugar del país".

Respuesta a los partidos de derechas

Saiz ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se oponga a la medida. "El PP está con la sociedad, la Iglesia católica y la CEOE, que apoyan a la medida, o está con Vox?". La medida es fruto de un pacto del PSOE con Podem. La eurodiputada Irene Montero apuntó este lunes que su formación "vigilará" que el proceso sea "ágil y eficaz" para evitar la "violencia institucional" de la burocracia que "normalmente se exige a las personas migrantes".

El proceso de regularización nace de una iniciativa legislativa popular que recogió más de 700.000 firmas. El Congreso aprobó la presa en consideración con el voto a favor de todas las formaciones menos Vox. Fueron 310 votos a favor y 33 en contra.