La condena a un agente destinado a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Mataró por haberse apropiado del móvil y los auriculares de un hombre muerto en la calle ha generado un fuerte impacto en la capital del Maresme. El caso, que ha avanzado El Caso, sitúa en el centro de la polémica a un efectivo adscrito a la Unidad de Investigación de Mataró, que ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona a un año y un mes de prisión por un delito de apropiación indebida con el agravante de prevalerse de su condición de autoridad.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2021, cuando el mosso destinado a la comisaría de Mataró fue activado, junto con su binomio, por la muerte súbita de un hombre en la calle del Pedró, en Santa Coloma de Gramenet. Durante la intervención, los agentes recogieron los efectos personales del difunto para incorporarlos a la cadena de custodia y devolverlos posteriormente a la familia. Entre estos objetos había un iPhone 12 Pro y unos AirPods Pro, dispositivos que nunca llegaron a manos de los familiares. Según la sentencia, el policía de la comisaría mataronina omitió el teléfono en el acta de custodia y posteriormente manipuló la documentación para sustituir la referencia a los auriculares inalámbricos por unos simples “auriculares blancos”, que no eran los del difunto. La resolución considera probado que el agente se quedó los dispositivos “con ánimo de incorporarlos a su patrimonio”, aprovechando que los tenía bajo su responsabilidad profesional como miembro de los Mossos d'Esquadra.
La familia detectó la desaparición cuando fue a recoger las pertenencias. Mediante la geolocalización, se pudo acreditar que el teléfono había estado en la comisaría de Mataró y que los auriculares emitieron la última señal a pocos metros del domicilio del agente condenado. Este rastro tecnológico fue clave para desmontar su versión exculpatoria y demostrar la manipulación de la cadena de custodia.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone la inhabilitación para ejercer como funcionario policial durante el tiempo de la condena y fija una indemnización de 850 euros a la viuda del difunto, correspondiente al valor de los dispositivos sustraídos, con responsabilidad civil subsidiaria del Departamento de Interior. El caso aún puede ser recurrido por la defensa.
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