El Sindicat d'Habitatge de Mataró ha mostrado una postura que seguramente resultará controvertida respecto al conflicto que se vive en el barrio de Cerdanyola de Mataró. La organización ha alzado la voz contra el dispositivo policial desplegado en la zona a raíz de la oleada de vandalismo registrada en los últimos días, para denunciar un "estado de excepción policial" impulsado por el gobierno municipal, al que señalan como responsable directo de un "grave recorte de derechos y libertades" en las calles de este barrio mataronense.
El colectivo critica con dureza la estrategia institucional de responder con “más policía y más desahucios” a un problema que, según afirman, tiene su origen en el acceso a la vivienda. Una visión que choca frontalmente con la expresada por el alcalde, David Bote, que ha asegurado este fin de semana que "los eventos recientes en Cerdanyola no quedaran impunes, se han efectuado varias detenciones y mantenderemos una presencia activa y contundente para el cumplimiento de la ley".
Los incidentes que encendieron las alarmas comenzaron el miércoles 9 de abril, cuando un intento de ocupación de un piso vacío en la calle Valencia terminó con la detención de un hombre y generó una fuerte tensión en la calle, con enfrentamientos entre un grupo de vecinos y la policía. Las dos noches siguientes se produjeron actos vandálicos con la quema de contenedores, vehículos y maquinaria de obra.
Según testimonios vecinales, los autores serían una quincena de jóvenes encapuchados que actuaron con organización y rapidez. Este último fin de semana se han quemado más contenedores cada noche, tanto en Cerdanyola como en otros barrios, y los cuerpos policiales han detenido a varias personas, algunas de ellas vinculadas a la citada ocupación frustrada que desencadenó todos los hechos.
Ante esta situación, Mossos d'Esquadra y Policía Local han reforzado la presencia en el barrio con unidades antidisturbios (ARRO), patrullas conjuntas motorizadas (‘Guilles’) y agentes de paisano. El dispositivo está previsto al menos para dos semanas, con el objetivo de frenar nuevos actos violentos y disuadir posibles réplicas, como ya se hizo recientemente en el barrio del Palau, también sacudido por una oleada de quema de contenedores.[banner-AMP_5]
Coches quemados en el barrio de Cerdanyola de Mataró. Foto: Bombers
El Sindicat d'Habitatge, sin embargo, asegura que esta respuesta institucional es "puramente represiva" y que se está llevando a cabo con una violencia policial desproporcionada. "Hace días que hay furgonetas de antidisturbios patrullando 24 horas por el barrio, identificaciones y registros arbitrarios, detenciones sin explicación, e intimidaciones por repartir panfletos", denuncia la organización en un hilo en la red X (antes Twitter). "Cualquier joven racializado que pasea de noche por el barrio es identificado. Es inaceptable, sea cual sea la causa", añaden.[banner-AMP_6]
Según el sindicato, la raíz del conflicto no es la ocupación ni la delincuencia, sino la precariedad estructural y la emergencia habitacional que vive el barrio. "Cada vez hay más familias que no pueden pagar alquileres e hipotecas desorbitadas. La ocupación no es una amenaza, sino una consecuencia", señalan. También denuncian el racismo estructural de un sistema que pone en el punto de mira a la población migrante y joven, alimentando un clima de miedo y confrontación. La organización asegura que la respuesta a los hechos, como la quema de contenedores, es "una pequeña expresión de malestar ante una situación social asfixiante".[banner-AMP_7]
A juicio del colectivo, el auge de la presión policial es el reflejo de una deriva "reaccionaria", y acusan al gobierno local de aplicar políticas propias de la extrema derecha: “Un Ayuntamiento del PSC y En Comú Podem apropiándose de discursos y políticas que podrían ser perfectamente las de Vox”.
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