El club cannábico situado en la calle Churruca de Mataró, frente a la escuela Angeleta Ferrer, ha vuelto a ser clausurado este martes 30 de septiembre por la Policía Local. Según el comunicado difundido en las redes, el establecimiento incumplía varios puntos de la normativa municipal: no disponía de registro de socios, permitía el acceso a menores y acumulaba sustancias para vender a personas ajenas a la entidad. Ante ello, los agentes han ejecutado la suspensión temporal de la actividad mientras se tramita el procedimiento sancionador correspondiente.
No es la primera vez que este club es objeto de una actuación policial. El pasado mes de marzo ya vivió un operativo conjunto de Mossos d’Esquadra y Policía Local que movilizó a decenas de agentes y acabó con al menos una detención. Dos años antes, en 2022, se intervino un importante volumen de droga —7,5 kilos— y dinero en efectivo, y se detuvo al responsable por un delito contra la salud pública. A pesar de estas actuaciones —hubo al menos dos más anteriores— y los expedientes abiertos, el local siempre ha acabado reabriendo y levantando la persiana de nuevo.
Detenido en marzo en el club. Foto: R. G.
Una actividad “legal pero muy delicada”
Mataró fue uno de los primeros municipios catalanes en regular la actividad de los clubes cannábicos, con una ordenanza aprobada en 2015 que establece distancias mínimas con centros educativos y de salud, obliga a inscribirse en los registros públicos y restringe el acceso solo a socios avalados por otro miembro. La normativa también prohíbe la entrada de menores, la venta de sustancias y el consumo de alcohol.
Según el Ayuntamiento, los clubes son entidades privadas y sin ánimo de lucro que deben servir para evitar el mercado negro y garantizar un consumo de calidad, pero el caso de la calle Churruca se ha convertido en un ejemplo del riesgo que supone cuando se desvirtúa este modelo. La entonces concejala de Urbanismo, Montse Rodríguez, ya advirtió en el momento de aprobar la ordenanza que se trata de “una actividad legal pero muy delicada” que requiere una vigilancia constante.
Mientras avanza el procedimiento sancionador, los vecinos y la comunidad educativa de la zona vuelven a vivir con incertidumbre una situación que se repite periódicamente: clausura policial, expediente y reapertura.
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