El desalojo iniciado este lunes en Mataró pone fin a una situación que hacía tiempo que se denunciaba: un asentamiento ilegal de grandes dimensiones en la zona agrícola de las Cinc Sènies – Mata – Valldeix, junto al Parque Natural del Montnegre y Corredor. El dispositivo, autorizado por el juzgado contencioso administrativo número 1 de Barcelona, moviliza a más de 300 efectivos policiales y afecta a unas 15 hectáreas donde se habían llegado a concentrar hasta 100 familias.
Un asentamiento que viene de lejos
El origen del conflicto se remonta al menos al año 2021, cuando vecinos y agricultores alertaron de movimientos sospechosos en unos terrenos agrícolas de la carretera de Mata. Aunque los terrenos, propiedad de la inmobiliaria La Llave de Oro (Inmobiliaria Mar SLU), se habían alquilado con fines agrarios, rápidamente se empezaron a parcelar y realquilar de manera fraudulenta. La empresa arrendataria, Nayla BNS SL, según los vecinos controlada por dos hermanos, comenzó a subarrendar parcelas por unos 300 euros mensuales, ofreciendo agua y luz mediante conexiones ilegales.
Proliferación de bungalós ilegales en Cinc Sènies. Foto: R. Gallofré
Con el tiempo, lo que había comenzado como un supuesto camping se convirtió en una urbanización ilegal: primero caravanas y chabolas, después bungalós y construcciones fijas, algunas con piscina y aparcamiento. En la entrada se instalaron buzones y una zona de aparcamiento, y muchos de los ocupantes incluso se empadronaron allí. Según datos municipales, hay 85 personas empadronadas y 44 en trámite, además de otros residentes que pasan allí fines de semana o temporadas.
Perfiles diversos de ocupantes
El asentamiento acoge un mosaico de perfiles: familias vulnerables sin acceso a la vivienda regulada, vecinos de Mataró y del Maresme que pasaban fines de semana, y personas que residen de forma permanente. En el momento del desalojo había dentro unas 300 personas, algunas de las cuales han requerido atención de los Servicios Sociales municipales.
La policía, en uno de los accesos al asentamiento. Foto: R. Gallofré
El Sindicato de Vivienda de Mataró, organización que lucha contra los desahucios y que mantiene un conflicto abierto desde hace años con el Ayuntamiento por sus políticas de vivienda, ha criticado que se tache de “camping ilegal” el asentamiento de la zona de Mata. El Sindicato lo define como un conjunto de infraviviendas donde viven más de 100 familias vulnerables. Según explican, muchas de estas personas han sufrido desahucios, han vivido en coches o en la calle, y se han visto empujadas a instalarse en este recinto por la imposibilidad de acceder a una vivienda de alquiler o compra.
En el asentamiento, según la entidad, conviven perfiles diversos: familias con niños, personas con discapacidades o enfermedades graves, trabajadores con sueldos insuficientes y recién llegados, todos ellos víctimas de la crisis de vivienda. El Sindicato insiste en que lo que hay en Mata “se parece mucho más a una nueva forma de chabolismo que a un camping” y denuncia la “frivolidad” del Ayuntamiento en la manera de describirlo.[banner-AMP_5]
Acciones municipales y trabas judiciales
Desde el año 2022, el Ayuntamiento de Mataró abrió varios expedientes urbanísticos y sanciones que suman más de 50.000 euros. El consistorio decretó la clausura de la actividad en junio de 2024 y precintó una parcela donde se hacían movimientos de tierra sin permiso. También se dictaron plazos para que la empresa Nayla desalojara voluntariamente, cosa que nunca sucedió.[banner-AMP_6]
Despliegue policial en las Cinc Sènies. Foto: Ayuntamiento
A pesar de la contundencia de las sanciones y decretos, el consistorio había topado hasta ahora con la lentitud judicial: incluso se le denegó inicialmente la entrada para inspeccionar el recinto. El concejal de Licencias, Sergi Morales, reconoció que la situación es “absolutamente incompatible” con los usos agrícolas, pero que el Ayuntamiento no podía actuar sin autorización judicial.[banner-AMP_7]
Riesgos ambientales e incendios
La presencia continuada de personas y construcciones en este entorno agrícola protegido supone, según el Ayuntamiento, un riesgo muy elevado de incendio forestal. En el espacio hay conexiones eléctricas fraudulentas, acumulación de residuos y falta de medidas de autoprotección. En caso de incendio, no hay equipos de extinción, vías de evacuación ni protocolos de seguridad para los ocupantes.[banner-AMP_8]
De hecho, en los últimos años ya se habían producido algunos incendios menores, lo que había alarmado aún más a los agricultores y vecinos de la zona. Entidades como la Assemblea Pagesa y Unió de Pagesos denunciaron la situación, advirtiendo de la “degradación del espacio agrario” y de la inacción de las instituciones. Por su parte, el Sindicato de Vivienda, aunque no niega los riesgos ambientales e incendios ni el uso indebido del suelo rústico, exige que antes de cualquier desalojo se garantice un realojamiento efectivo en viviendas dignas, y critica lo que consideran una estrategia institucional de criminalización de los vecinos que viven allí.[banner-AMP_9]
Agentes de la policía en el desalojo del asentamiento ilegal en Mataró. Foto: Ayuntamiento
Investigación penal en marcha
Más allá del ámbito urbanístico, el caso también está bajo la lupa de la Fiscalía de Medio Ambiente y de los Mossos d’Esquadra, que ven posibles delitos económicos y medioambientales. Según ElCaso.cat, la policía catalana ha realizado entradas judiciales y ha detenido a los dos hermanos responsables de Nayla, acusados de haber explotado económicamente el recinto ilegalmente.[banner-AMP_10]
El secreto de sumario aún impide conocer todos los detalles de la investigación, pero los Mossos trabajan para determinar el origen y destino del dinero que generaba esta actividad.
El desalojo actual
Con la autorización judicial conseguida este septiembre, el dispositivo de desalojo arrancó este lunes día 22 por la mañana, con presencia de ARRO, BRIMO y Guardia Civil. El procedimiento no se acabará en un solo día: primero habrá que expulsar a las personas, después se retirarán las construcciones y residuos, y finalmente se establecerá vigilancia policial para evitar nuevos intentos de ocupación.[banner-AMP_11]
Los gastos del desalojo y la restauración del terreno se repercutirán a Nayla BNS SL, mientras que la inmobiliaria Inmobiliaria Mar SLU será considerada responsable subsidiaria.
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