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Can Juncadella, la zona donde hay el camino de ronda cortado.

Redacció

La mansión de un expresidente de Kazajistán corta este camino de ronda desde hace 15 años

El camino de ronda de Can Juncadella, un escándalo que se arrastra desde hace quince años

Los caminos de ronda son mucho más que simples senderos que bordean el litoral: son senderos de memoria colectiva, naturaleza y libertad. Cruzan acantilados, calas escondidas y bosques mediterráneos, ofreciendo vistas espectaculares del mar y un acceso privilegiado a espacios muchas veces inaccesibles por otras vías. Históricamente utilizados por pescadores y guardias costeros, hoy se han convertido en itinerarios imprescindibles para senderistas, deportistas y amantes de la naturaleza. Preservar su carácter público es fundamental para garantizar que todo el mundo pueda disfrutarlos, ya sea caminando, corriendo o simplemente contemplando la costa. En un momento en que la presión urbanística amenaza muchos de estos tramos, defender los caminos de ronda es defender el derecho colectivo a un litoral vivo, abierto y compartido.

En Lloret de Mar, uno de los tramos más emblemáticos del camino de ronda, entre cala Morisca y cala Canyelles, sigue cerrado al público a pesar de existir una sentencia firme que acredita su titularidad pública. Este tramo, de unos dos kilómetros y situado dentro del espacio natural protegido del macizo de Cadiretes, acumula casi quince años de inaccesibilidad, una situación que para muchas entidades ecologistas como SOS Lloret o SOS Costa Brava es un ejemplo claro de privatización encubierta de la costa y de desobediencia judicial consentida.

Protestas contra el cierre


Más de 15 años de conflicto

El conflicto arranca en el año 2009, cuando la propiedad de la finca de Can Juncadella –vinculada al expresidente de Kazajistán– cerró el camino con el pretexto de ejecutar unas obras de mejora. El Ayuntamiento y la propiedad firmaron un convenio que estipulaba la reapertura del paso al cabo de un año y tres meses. Pero ese plazo nunca se cumplió. El camino quedó cerrado, vigilado con cámaras, altavoces e incluso guardias privados con perros de raza peligrosa, en un clima de presión sobre los viandantes que se acercaban.

  • Siete años después, en 2016, y ante la inacción de la propiedad, el consistorio revocó el convenio por incumplimiento.
  • Se iniciaba entonces una larga batalla judicial con un total de 15 sentencias y ocho años de litigios, que finalizaba en 2023 con un dictamen claro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): el camino es público y debe ser reabierto.
Vista aérea de la mansión


Aun así, y a pesar de la firmeza de la sentencia –que ya no admite más recursos–, el camino sigue cerrado. SOS Lloret denuncia que, con el paso de los años, el sendero ha quedado completamente desfigurado y prácticamente ha desaparecido. Además, critican la postura del Ayuntamiento, que justifica la no reapertura inmediata por la falta de definición concreta del trazado en el texto de la sentencia. El alcalde Adrià Lamelas asegura que se trabaja para establecer un “trazado viable y seguro” que deberá ser validado por la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica.[banner-AMP_5]

Pero los ecologistas lo ven como una nueva excusa para dilatar el proceso. “Si se quiere discutir un trazado nuevo, que lo hagan, pero el trazado actual debe estar abierto ya”, insiste Jordi Palaudelmàs, portavoz de SOS Lloret. Y es que, tal como apuntan, la finca ha hecho todo lo posible por obstaculizar el acceso durante años, y ahora parece querer ganar tiempo con la esperanza de que la reapertura definitiva se alargue indefinidamente.[banner-AMP_6]

Este caso no es aislado. Lloret ya ha reabierto recientemente otro tramo de camino de ronda entre Fenals y el pueblo, pero otros tramos en la Costa Brava siguen bloqueados por propietarios privados. El cierre persistente del camino de Can Juncadella es, sin duda, un símbolo de la impunidad con que se han ido cerrando tramos públicos, a menudo con la pasividad de las administraciones. Quince años después, la ciudadanía sigue sin poder disfrutar de un camino que es suyo, mientras la justicia es ignorada y el litoral, fragmentado. Es hora de poner fin a esta situación y garantizar el derecho de paso por toda la costa catalana.[banner-AMP_7]

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