El caso Innova llega finalmente a juicio, catorce años después de su estallido, y lo hace con un nombre de peso para Mataró: Carles Manté. El exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), nacido en la capital del Maresme el año 1946, es uno de los principales encausados en la pieza central de esta causa, que investiga presuntas irregularidades en la construcción del nuevo Hospital Sant Joan de Reus. El juicio ha comenzado este lunes, 11 de mayo, en la Audiencia de Tarragona, con las cuestiones previas. La causa llega a la fase oral después de una larguísima instrucción, varios archivos parciales y un aplazamiento anterior, el año 2024, por problemas de salud de una de las personas acusadas.
Carles Manté i Fors es una figura conocida en el ámbito sanitario catalán. Nacido en Mataró en 1946, es perito industrial químico y cuenta con formación de posgrado en ecología y salud pública. Antes de su paso por el CatSalut, había desarrollado una trayectoria vinculada al sector sanitario, con cargos como la dirección general del Consorcio Hospitalario de Catalunya.
En enero de 2004 fue nombrado director del Servei Català de la Salut, uno de los cargos más relevantes del sistema sanitario catalán. Ocupó esta responsabilidad hasta diciembre de 2006. Poco después, también fue nombrado presidente del Consorci Sanitari del Maresme, un cargo desde el cual asumía retos vinculados al Hospital de Mataró y a los servicios sanitarios del territorio.
El nombre de Manté en el caso Innova
El foco judicial sobre Carles Manté se sitúa después de su cese como director del CatSalut. Según el escrito de Fiscalía, Manté creó en marzo de 2007 la sociedad CCM Estratègies i Salut, SL, con sede en Mataró, y solo diez días después esta empresa fue contratada por Innova, el holding de empresas municipales de Reus, para asesorar en la planificación y la construcción del nuevo hospital.
La tesis del ministerio público es que esta contratación se habría hecho sin seguir el procedimiento legal de contratación pública y que los pagos efectuados no habrían quedado suficientemente justificados documentalmente. Fiscalía sostiene que Manté facturó a Innova 720.120,82 euros más IVA, una parte mediante facturas mensuales de 16.000 euros más IVA, y afirma que no se aportaron informes que acreditaran los trabajos por los cuales se cobraba.
La petición de Fiscalía: 8 años de prisión
En el caso de Carles Manté, Fiscalía le atribuye, en relación con su contratación y el cobro de los honorarios, un delito de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad documental. El ministerio público lo considera cooperador necesario en algunos de estos delitos y autor material en el caso de la falsedad documental, siempre según el escrito de acusación.
La petición de pena es de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para cargo público en el ámbito local y autonómico. También se reclama responsabilidad civil vinculada al dinero presuntamente cobrado de manera indebida. Manté, como el resto de acusados, llega al juicio amparado por la presunción de inocencia.
Un juicio que llega muy tarde
Una de las claves del caso es el tiempo transcurrido. El caso Innova estalló hace más de una década y la pieza principal fue enviada a juicio en 2019, después de siete años de instrucción. El juicio, sin embargo, no ha comenzado hasta ahora, en mayo de 2026, después de aplazamientos y de una causa que ha ido perdiendo volumen con el archivo de diversas piezas separadas.
Este retraso sitúa el proceso en un escenario judicial especialmente complejo. Fuentes del caso recogidas por medios tarraconenses apuntan que las dilaciones indebidas podrían tener efectos en eventuales acuerdos de conformidad o en futuras penas, si finalmente hubiera condenas.
Prat y Batesteza pactan con Fiscalía; el resto cuestiona la instrucción
La primera sesión del juicio ya ha dejado movimientos relevantes. El exdirector general de Innova y expresidente del ICS, Josep Prat, y el arquitecto Jorge Batesteza han alcanzado un acuerdo con Fiscalía por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, aunque los detalles de la conformidad no se harán públicos hasta la recta final del juicio.
El resto de defensas, en cambio, han denunciado una posible vulneración del derecho de defensa durante la instrucción y han cuestionado la investigación policial y judicial. En este contexto, la situación procesal de Carles Manté queda especialmente expuesta en una causa que combina sanidad pública, contratación municipal, presuntas facturas irregulares y responsabilidades políticas y técnicas.
El caso Innova: más que Reus
Aunque el caso tiene su epicentro en Reus, su alcance supera claramente la política local reusense. El juicio pone bajo la lupa las conexiones entre administraciones, empresas públicas y antiguos altos cargos de la sanidad catalana. En este mapa, el nombre de Carles Manté destaca por su perfil: un mataronés que llegó a dirigir el CatSalut y que ahora, casi dos décadas después de su cese, deberá responder ante la Audiencia de Tarragona.
Para Mataró, el juicio tiene una derivada propia. No solo porque Manté es nacido en la ciudad, sino porque parte de la sociedad a través de la cual facturó a Innova, CCM Estratègies i Salut, tenía sede en Mataró, y porque su recorrido profesional también estuvo vinculado al Consorci Sanitari del Maresme. El proceso deberá aclarar si los pagos recibidos por Carles Manté respondían a servicios reales de asesoramiento sanitario o si, como sostiene Fiscalía, fueron una fórmula irregular para retribuir a un ex-alto cargo aprovechando el flujo de dinero público derivado de la construcción del nuevo hospital de Reus.
Catorce años después del estallido del cas Innova, esta es la cuestión que llega finalmente al tribunal. Y lo hace con un mataronés en el centro de una de las causas de presunta corrupción sanitaria y municipal más largas y complejas de Catalunya.
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