Denuncian la "situación crítica" que se vive a la atención a la dependencia

La Asociación Profesional Catalana de Directores y Directoras de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) ha denunciado la "situación crítica" que vive la atención en la dependencia a Cataluña. Ha lamentado que desde 2009 los módulos de financiación pública no se han actualizado conforme a los costes reales, hecho que ha provocado una pérdida superior al 21% para los centros. También ha apuntado que en los últimos años han empeorado las ratios asistenciales y ha remarcado que los procesos de acreditación "confusos y cambiantes" han conduit muchos centros a una situación "de inseguridad jurídica constante". Ha hecho llegar una carta a Derechos Sociales e inclusión para exigir una respuesta "estructural y urgente" y pedir que se constituyan tablas de diálogo.

ASCAD ha asegurado que desde hace años el sistema de atención a la dependencia arrastra "deficiencias estructurales" que actualmente se han vuelto difícilmente sostenibles. Una de las principales problemáticas, según la entidad, está vinculada con la "desactualització" que sufre el sistema de financiación. "Los módulos de financiación pública no han sido actualizados conforme al coste real de los servicios. A la práctica, esto ha supuesto para los centros de forma continuada y desde el 2009, una pérdida de financiación acumulada superior al 21%", ha alertado ASCAD. Ha añadido que esta situación vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a garantizar la viabilidad de los servicios contratados. Además, ha remarcado que durante el mismo periodo, el IPC ha aumentado un 35,2% mientras que las tarifas solo lo han hecho un 14,72%.

Por otro lado, ha criticado que se haya reducido la jornada laboral de los profesionales sin que se haya producido el aumento de recursos correspondiente. "Esto ha hecho que las ratios asistenciales hayan empeorado, el que a la vez ha afectado la calidad de la atención", ha indicado ASCAD que ha estimado una pérdida de 600.000 horas anuales de atención directa.

Otra de las reivindicaciones de la entidad está vinculada con la situación de inseguridad jurídica que sufren muchos centros "a causa de procesos de acreditación confusos, cambiantes y desconectados de la realidad asistencial". Ha señalado que este hecho "impide la planificación y pose en riesgo la continuidad de los servicios esenciales".

También se ha referido al incremento generalizado de costes (electricidad, alimentación, suministros, personal) que se ha producido en los últimos años y que afectado muchos centros que se han visto abocados a cerrar o renunciar a la concertación de plazas públicas.

En este sentido, ASCAD ha reclamado que el Departamento de Salud asuma las funciones sanitarias dentro de las residencias, sin trasladar responsabilidades a los equipos residenciales no formados para esta tarea. La entidad también ha denunciado el impago de los traspasos correspondientes al mes de enero que, según dice, posan en riesgo la viabilidad económica de muchos centros.