Derecho a Morir Dignamente pide que la eutanasia se aplique sin demoras a los pacientes autorizados

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha reclamado este martes, en el tercer cumpleaños de la aprobación de la ley de la eutanasia, que no haya demoras en las peticiones de los pacientes, que todos los profesionales estén correctamente informados y que los centros privados no deriven a los públicos los casos que los llegan. A pesar de no tener datos actualizados del 2023, la entidad estima que a Cataluña hubo unas 220 solicitudes, de las cuales unas 110 se aprobaron. No obstante, no todas las peticiones aprobadas se llevaron a cabo porque puede haber renuncias o personas muertas antes de la eutanasia. La entidad también calcula que la media de espera llegó a los 53 días, ante los 45 del 2022.

Cristina Vallès, presidenta de DMD, ha hecho una valoración positiva de la aplicación de la ley a Cataluña desde hace tres años, pero ve aspectos mejorables. Dice que desde que una persona solicita la eutanasia hasta que se le aplica tendrían que pasar entre 30 y 45 días aproximadamente, pero actualmente estos plazos se superan ligeramente. No obstante, la situación al resto del estado es peor, porque la media de espera es de 75 días. Según Vallès, el motivo puede ser que los profesionales y los administrativos que tienen que hacer los trámites están desbordados de trabajo. Las oficinas de promoción de la ayuda a morir no cuentan con bastante profesionales, cree Vallès, y muchos médicos no pueden asumir las peticiones porque no pueden dejar el resto de pacientes. Algunos, incluso, denuncia la entidad, ni tramitan la petición, cosa que es ilegal.

También cree que muchas residències y centros sanitarios privados derivan casos en centros públicos por objeción de conciencia o para ahorrarse trámites. También hay demoras en los centros de atención primaria públicos de zonas poco pobladas, puesto que sus profesionales no tienen muchas peticiones de este tipo y desconocen la ley. En algunos casos, el retraso provoca que la persona muera de forma natural o con curas paliativas antes de que se le aplique la eutanasia.

La entidad recibió el 2023 unas 2.300 demandas de asesoramiento personalizado, incluso de trabajadores sociales.