
Un pequeño incendio declarado la noche del jueves 4 de diciembre, a las 23.42 h, en un bloque de vivienda pública de la calle Pla dels Frares 11 de Arenys de Mar, obligó a la intervención de los Bomberos de la Generalitat. Según fuentes del cuerpo, el fuego se registró en unos trasteros del aparcamiento, se apagó rápidamente y quedó totalmente extinguido en media hora. No hubo heridos ni afectaciones estructurales. Los trasteros estaban ocupados ilegalmente, una circunstancia que los vecinos denuncian desde hace tiempo. El caso recuerda al ocurrido en otro bloque público del Maresme, en este caso en Mataró.
Trasteros ocupados y preocupación vecinal
Los residentes del bloque, gestionado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, aseguran que la situación “hace meses que es insostenible”. Un vecino explica que ya presentó una primera denuncia en 2023 y que la problemática se ha cronificado: “En los trasteros del bloque hay personas viviendo de manera permanente. Esta ocupación impide el uso legítimo de las zonas comunes y se ha convertido en un riesgo real. Ayer el incendio podría haber ido mucho más allá.”
El mismo residente señala también que en el local del garaje dormirían otras personas, en un espacio que no dispone de condiciones de habitabilidad ni de medidas básicas de seguridad.
Un riesgo que los vecinos consideran “evidente y urgente”
Según el testimonio recogido, la presencia de personas en espacios no habilitados comporta acumulación de objetos inflamables, conexiones eléctricas improvisadas y falta total de control. El vecindario afirma sentirse alarmado y pide que las administraciones actúen: “Solo queremos garantizar la seguridad del bloque y evitar una tragedia que se podría prevenir. Necesitamos que alguien ponga solución.”
Reclamación de respuesta institucional
Los vecinos lamentan que, pese a los avisos a la Agencia de la Vivienda y a las autoridades locales, todavía no se ha adoptado una respuesta efectiva. Fuentes municipales consultadas anteriormente en casos similares recuerdan que, en espacios públicos y comunitarios, cualquier actuación requiere protocolos de seguridad, informes y autorización judicial en caso de ocupación.
Tras el incendio, los residentes confían en que el episodio sirva para acelerar medidas y evitar nuevos incidentes.

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