El Ayuntamiento de Premià de Dalt se alía con la polémica Desokupa para "acabar con las ocupaciones"

El Ayuntamiento de Premià de Dalt ha anunciado que contará con el asesoramiento de la polémica empresa Desokupa para "acabar con las ocupaciones mafiosas" que sufre el municipio. Así lo ha anunciado el consistorio en un comunicado, donde señala que pagará 3.000 euros a Desokupa por un contrato de un año de asesoramiento e intermediación

Según señala el Ayuntamiento, Desokupa ofrecerá servicios de asesoramiento "relativos a la intermediación para la recuperación de la posesión de los bienes inmuebles ocupados de forma mafiosa y/o delinqüencial". Desde el ente afirman que estas ocupaciones "generan un problema de seguridad a la población".

Desokupa es una empresa fundada en 2016 y dirigida por Daniel Esteve, exportero de discoteca y boxeador profesional. En los últimos años la firma ha conseguido un gran eco mediático, en paralelo al auge de las ocupaciones ilegales que se han vivido en todo el estado. El propio Ayuntamiento de Premià de Dalt define Desokupa cómo una empresa que "ofrece un método alternativo que tiene por objeto la resolución amistosa de la controversia existente y evitar, dentro de lo posible, un procedimiento judicial para la recuperación de la posesión de la vivienda en cuestión por parte de la propiedad".

La descripción que hace el consistorio premianense obvia que Desokupa se ha visto rodeada en todos estos años de numerosas polémicas, tanto por sus actuaciones expeditivas a la hora de echar los ocupantes de los inmuebles a través de desahucios extrajudiciales, cómo por su discurso próximo a los postulados de la extrema derecha, que han popularizado en Internet con medios propios como por ejemplo Desokupa TV. Los colectivos antdesalojos y otros movimientos sociales han acusado Desokupa de métodos abusivos y de actuaciones intimidatorias, a pesar de que la empresa defiende la legalidad de sus acciones y asegura que cuenta con servicio jurídico propio.

El alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, de Juntos, ha justificado el acuerdo con Desokupa, inédito hasta ahora entre los consistorios catalanes, señalando que a su municipio "queremos tolerancia cero con las ocupaciones mafiosas que comportan posar en peligro el bienestar y la convivencia en nuestro pueblo puesto que generan inseguridad ciudadana".