Una cincuentena de personas que viven en el asentamiento de las barracas de Ocata, en un antiguo camping en el término municipal de El Masnou, tienen fecha de desahucio: el próximo 2 de diciembre. Se trata de un grupo formado mayoritariamente por jóvenes migrantes que residen desde hace años en este espacio y que, si se ejecuta el lanzamiento, podrían quedarse sin alojamiento y sin una alternativa residencial estable.
El desahucio lo ha instado Trelimera SL, la empresa propietaria de los terrenos, según explican las entidades que han hecho pública la situación. La Xarxa d'Acollida Popular del Masnou, el Casal Popular la Mina y la Xarxa pel Dret a l'Habitatge del Maresme reclaman al Ayuntamiento y a la Generalitat que hagan las gestiones necesarias para suspenderlo hasta que no se garantice una solución habitacional para todas las personas afectadas.
Las condiciones de vida en el asentamiento son de gran precariedad. Según las entidades, las barracas no disponen de suministro de agua ni electricidad ni tampoco de servicios básicos. A pesar de estas circunstancias, los residentes han establecido su vida durante los últimos años. Una parte de ellos se encuentran en procesos de formación profesional, aprendiendo catalán y castellano o intentando incorporarse al mercado laboral.
Las organizaciones alertan de que el desahucio puede interrumpir estos procesos de arraigo y dificultar los trámites de regularización administrativa de algunos residentes. También señalan las dificultades que tienen para acceder a una vivienda y a un trabajo en condiciones regulares, una situación que, según denuncian, les acaba abocando a la economía sumergida.
Las entidades vinculan el caso con las dificultades de acceso a la vivienda en el Maresme, una de las comarcas catalanas con los precios del alquiler más elevados. En su comunicado, apuntan que en El Masnou habría unas 500 viviendas vacías, mientras que en el conjunto de la comarca la cifra llegaría a los 15.000, y reclaman que se movilicen estos inmuebles para ampliar la oferta de alquiler social y asequible. También cuestionan que se sigan impulsando promociones inmobiliarias privadas con precios que consideran inaccesibles para buena parte de la población.
Las tres entidades piden, además de suspender el desahucio, que las administraciones acompañen los procesos de regularización e inserción laboral de los residentes de las barracas de Ocata.
La situación se llevará al pleno municipal de este jueves, 19 de noviembre, a través de una moción presentada por las organizaciones, que también han convocado una concentración ante el Ayuntamiento a las 19 h. Si el desahucio no se detiene, han anunciado una nueva movilización el 2 de diciembre a las 7 h, en la calle de Casa de Camp, 9, donde se encuentra el asentamiento.