El caso Susqueda se ha convertido, con el paso de los años, en una de las investigaciones criminales más largas, enrevesadas y desconcertantes de la crónica negra catalana reciente. Casi nueve años después de la desaparición y asesinato de los jóvenes maresmencs Marc Hernández y Paula Mas, la instrucción sigue abierta y sin fecha de cierre. Y ahora el procedimiento se ha topado con un nuevo bloqueo tan excepcional como simbólico: los Mossos d’Esquadra han comunicado al juzgado que no pueden acabar la investigación porque el pantano tiene demasiada agua.
La imagen es poderosa y casi resume el caso entero: un crimen sin resolver, una causa que nunca acaba de cerrarse y un escenario que, literalmente, desaparece bajo el agua. Según el atestado remitido al juzgado de instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners, hay al menos dos pruebas que ahora mismo son “materialmente imposibles” de practicar. La primera consiste en identificar qué puntos permitían entrar al embalse para hacer kayak; la segunda, en reconstruir el recorrido a pie que habría hecho un testigo ya fallecido entre la Font del Borni y la Rierica, dos zonas clave de la investigación. Pero el nivel actual del embalse, que se encuentra al 93% de capacidad, deja muchas de estas áreas inundadas.
Este detalle es cualquier cosa menos menor. Los Mossos remarcan que, el día de los hechos, el 24 de agosto de 2017, el pantano estaba 30 puntos por debajo del nivel actual. E incluso cuando el juzgado pidió formalmente estas diligencias, en mayo de 2025, el agua ya superaba el 75%, lo que suponía un incremento de unos ocho metros respecto al momento del crimen. Con este escenario, la policía sostiene que no se puede reproducir con fidelidad el movimiento de personas por las zonas de interés, ni comprobar sobre el terreno algunas de las hipótesis que aún siguen pendientes.
El maldito 17 de agosto de 2017
El caso arranca en el verano de 2017, cuando la pareja fue a pasar el día a Susqueda. Aquel 24 de agosto, ambos desaparecieron después de haber llegado a la zona del pantano. Al día siguiente y en los días posteriores se encontraron indicios inquietantes: primero el kayak, después el coche hundido en el embalse. Sus cuerpos aparecieron un mes más tarde, y la investigación acabó concluyendo que habían sido asesinados con arma de fuego. Desde entonces, el caso nunca se ha resuelto del todo. Ha habido un principal investigado, Jordi Magentí, pero el procedimiento no se ha cerrado ni ha llegado todavía a juicio.
A lo largo del tiempo, la causa ha ido acumulando una combinación de pistas, hipótesis, informes y dilaciones que han hecho crecer la sensación de estancamiento. La propia información judicial recogida estos días recuerda que la instrucción ha pasado por las manos de hasta diez jueces, un hecho muy poco habitual y que ayuda a entender la dificultad de imprimir continuidad y ritmo a una investigación tan larga. A ello se añade que los Mossos han tardado casi un año en responder a la providencia del juzgado que les pedía estas diligencias. La policía atribuye este retraso a problemas burocráticos, como no haber tenido constancia hasta ocho meses después de que se les había denegado el acceso al historial médico del testigo fallecido, un dato que consideraban relevante para ajustar mejor la reconstrucción del recorrido.
Esta nueva paralización ha reactivado la crítica frontal de la defensa del único investigado. El abogado Benet Salellas considera “desesperante” que se plantee alargar aún más una causa que ya dura nueve años y ha anunciado que pedirá al juzgado que cierre la instrucción en las próximas semanas. Según su posición, esperar a que el pantano vuelva a niveles similares a los de agosto de 2017 puede significar años más de demora, y no tiene sentido mantener una investigación abierta indefinidamente por unas diligencias que, en su opinión, podrían valorarse con el material acumulado durante todo este tiempo. Salellas ya ha acusado a los Mossos de “alargar una causa en vía muerta”.
La paradoja es que, hace solo unos meses, todavía había quien confiaba en que el juicio pudiera celebrarse durante 2026. En entrevistas publicadas en agosto de 2025, el abogado de las familias de las víctimas sostenía que la fase de instrucción seguía viva y que, si se ejecutaban las diligencias pendientes, el caso podía encarar finalmente la recta final hacia un jurado popular. Pero el nuevo informe policial ha vuelto a desplazar ese horizonte. Lo que parecía la fase final de la instrucción se ha vuelto a convertir en una espera sin calendario claro, condicionada por una variable tan imprevisible como el nivel del agua.
Eso es lo que hace del crimen de Susqueda un caso tan singular: no solo por el misterio de fondo o por la falta de condena después de casi una década, sino porque el propio escenario del crimen es intermitente. Hay temporadas en las que reaparece, y otras en las que queda engullido bajo el embalse. Esta condición ha perseguido a la causa desde el primer día y ahora, nueve años después, sigue marcando su ritmo. Mientras tanto, la instrucción sigue abierta, las familias continúan sin una sentencia y la investigación, lejos de cerrarse, vuelve a quedar suspendida a la espera de que baje el agua...
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