Imagen de archivo de un operativo de Mossos en el Maresme
Imagen de archivo de un operativo de Mossos en el Maresme

Desmantelan en el Maresme una de las bases de una red internacional de tráfico de droga

El grupo, con ramificaciones a Sant Vicenç de Montalt, utilizaba servicios de paquetería para enviar marihuana, hachís, cocaína y drogas sintéticas a diferentes países de la Unión Europea

AMARGANT PATROCINI CABRERA (1)
 

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo y distribución de marihuana y otras sustancias estupefacientes a nivel europeo, con una de sus bases operativas situada en Sant Vicenç de Montalt. El operativo policial, desarrollado el 23 de septiembre, culminó con doce detenidos, entre ellos nueve hombres y tres mujeres de entre 20 y 70 años.

La investigación, iniciada el mes de abril tras la detección de una furgoneta con restos de marihuana, permitió a los agentes establecer conexiones entre varios domicilios vinculados al tráfico de drogas, uno de ellos en el Maresme. El grupo utilizaba servicios de paquetería para enviar marihuana, hachís, cocaína y drogas sintéticas a diferentes países de la Unión Europea, aprovechando el espacio Schengen para esquivar controles fronterizos.

Según la policía, la organización funcionaba de manera altamente profesionalizada: un líder daba instrucciones sobre cantidades y destinos, otro miembro gestionaba el dinero y los alquileres de viviendas y vehículos, y un tercero se encargaba de proveer documentación falsa. En la parte baja de la estructura había los jardineros que cultivaban las plantas y otros colaboradores que cedían sus datos para encubrir la actividad de los jefes.

La fase final de la investigación incluyó seis entradas y registros en inmuebles de Barcelona, Badalona, Begues y Sant Vicenç de Montalt. En este último municipio se intervinieron parte de las 2.200 plantas de marihuana en floración, así como más de 10 kilos de cogollos y 1 kilo de hachís, con un valor en el mercado negro que se estima en unos 250.000 euros.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el 25 de septiembre. Están acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Además, uno de ellos afronta también un delito por falsificación documental.

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